Cinco siglos de desmemoria

Tal día como hoy hace 70 años, la memoria civil española quedó gravemente cercenada tras el incendio del palacio arzobispal de Alcalá de Henares, a la sazón Archivo General Central de España. Se trataba de un palacio del siglo XIII, remozado y ornamentado en el siglo XVI con un claustro y una escalera monumentales obra del arquitecto renacentista Alonso de Covarrubias. Pero en la tarde de aquel viernes 11 de agosto de 1939, apenas tres meses después de concluir la Guerra Civil, el edificio albergue del archivo permanecía ocupado por una unidad de carros de combate instalada allí desde 1936, en plena contienda, aunque perteneciente ya al ejército franquista.

Sus responsables habían almacenado en el palacio materiales inflamables, así como aceites, grasas, aguarrás y otros productos vinculados a la reparación de los grandes vehículos artillados. Tales productos, una vez usados, ocupaban la altura de una planta y estaban depositados en un pasillo frente a la puerta de acceso a la nave del inmueble donde se encontraba el archivo.

Un niño acusado de causar el fuego se desdijo de su relato años después

El caso se archivó definitivamente sin señalar culpables en 1946

Éste contenía 139.974 legajos que ocupaban 2.460 metros de estanterías, repartidas en 76 salas dedicadas a alojar documentos de muy diferente naturaleza y gran importancia, según un inventario realizado ya en 1926. Los expedientes archivados, divididos en tres secciones (ministerios, clero y tribunal de cuentas), concernían sobre todo a la burocracia administrativa oficial de España relativa a las carteras de Hacienda, Guerra, Gobernación, Industria, Comercio, Gracia y Justicia, y Colonias de Ultramar. Los legajos databan de fechas comprendidas entre 1493 y finales del siglo XIX. Con los de Simancas y Sevilla, el de Alcalá era uno de los archivos más importantes de España. Pues bien. Sin conocerse con exactitud la causa del fuego, llamas de endiablada voracidad, entre violentas explosiones, comenzaron a devastar a partir de la media tarde del 11 de agosto de 1939 y hasta el día siguiente todo aquel patrimonio documental que el palacio arzobispal, continente del gran archivo civil, atesoraba. La coexistencia de tan preciada documentación con una unidad militar de aquellas características, taller y depósitos de material combustible incluidos, preludiaba lo que a la postre fatalmente acaecería.

El palacio, donde en 1485 nació Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII y reina de Inglaterra, contaba con elementos ornamentales de extraordinario valor, como la escalera y el patio renacentistas de Covarrubias, inspirados en el tratadista clasicista italiano Sebastián Serlio, verdaderas joyas platerescas. Pero el fuego no respetó nada, salvo la fachada sur, que aún conserva el fastuoso escudo heráldico del cardenal infante Luis Antonio de Borbón, arzobispo de Toledo y hermano de Carlos III. El blasón retuvo huellas tiznadas del fuego.

La descripción de este episodio tan luctuoso para la memoria civil de España ha sido objeto de investigación en un libro escrito por José María San Luciano, economista y alto ejecutivo de compañías multinacionales, que cultiva su afición a la historia y se apresta a publicar su texto en semanas venideras. Asimismo, prepara una exposición monográfica sobre aquellos hechos que, presumiblemente, verá la luz en otoño en el propio palacio arzobispal, hoy restaurado y que entonces fue diezmado por las llamas.

"Lo más extraño de aquel incendio fue que únicamente fue señalado como presunto causante un niño de nueve años, Florentino Huertes, hijo de un albañil; con su hermano de siete años, Antonio, con muchos otros mozalbetes, y adultos en busca de comida, frecuentaban el edificio cuando surgieron las llamas", explica San Luciano.

Un primer instructor militar, Agustín Vera, fue sustituido a las 48 horas de su nombramiento el 12 de agosto por un auditor militar de apellido Vázquez de Prada. El caso, del que no resultó ningún inculpado, registró 38 comparecencias de cuatro militares, 11 jornaleros y personal civil allí destinado, más ocho niños de siete a 14 años. Florentino compareció ante el juez cinco veces, en una ocasión durante siete horas. No hubo imputaciones. Meses después, el niño se desdijo de sus declaraciones. En 1946, la causa pasó a la jurisdicción ordinaria y fue archivada.

"De mi investigación a través de la instrucción sumarial deduzco que el mando militar o político de entonces quiso declinar cualquier responsabilidad sobre aquel episodio y sobre la negligencia de mantener una unidad de carros de combate dentro de un Archivo Central", explica San Luciano, que no ha localizado testigos militares vivos del episodio.

"El niño y su familia abandonaron Alcalá unos años después, según manifestó una hermana suya nacida en 1936", señala el historiador, que ha utilizado la documentación acopiada por el historiador argentino Torres Revello, entre otras fuentes. "Se abrió una investigación por retraso negligente a los bomberos, que el Ayuntamiento de Madrid consideró carente por completo de fundamento. Poco después, el Museo del Prado recibiría desde Ginebra las obras maestras enviadas allí por el Gobierno republicano para su custodia por la Sociedad de Naciones", concluye.