Duelo sindical en Holanda
Todos los Gobiernos tienen figuras estelares que sonríen siempre en las fotos, y otros servidores públicos que aprietan los dientes al ser retratados. En Holanda, entre los primeros se cuenta el ministro de Asuntos Exteriores, el democristiano Maxime Verhagen. Hasta las malas noticias suele darlas con un punto de amabilidad gozosa. Por el contrario, la mirada de preocupación y la economía gestual son patrimonio de su colega y correligionario de Asuntos Sociales, Piet Hein Donner.
Donner es un tipo sólido y respetado. Un jurista alabado por su sentido común, acusado, sin embargo, de "traición" por los sindicatos. Su falta no sería otra que haber "aprovechado la crisis para dañar los derechos de los trabajadores facilitando el despido". Es decir, se habría puesto "al servicio de la patronal" en un país donde los convenios colectivos eran intocables.Todo empezó a resquebrajarse a partir de 2006, cuando Aart Jan de Geus, antecesor de Donner, dijo que los convenios dañaban el crecimiento económico. Los jefes sindicales le contestaron entonces con una amenaza de denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No parece que Donner acabe defendiéndose ante las Naciones Unidas, pero su caso es más delicado si cabe. En los dos últimos meses ha pasado de ser el cerebro de la democracia cristiana holandesa ("el partido es él", llegó a decir el primer ministro, Jan Peter Balkenende) a batirse con los sindicatos en un duelo inédito.
El ministro de Asuntos Sociales es acusado de "traición"
El recorte de las ayudas al empleo desata una tormenta política
Todo empezó en julio pasado, cuando anunció la supresión de las subvenciones oficiales para mantener el empleo. El ministro holandés había ofrecido a las empresas en apuros 375 millones de euros para que pudieran reducir el 50% de la jornada laboral de sus empleados. Si el dueño demostraba que sus ingresos bajaron un 30% por culpa de la recesión, entraba en la lista de las ayudas del Ministerio de Asuntos Sociales. Los trabajadores laboraban menos, pero su salario era cubierto a medias por su empresa y por el Estado. El plan parecía tan inamovible como los convenios de toda la vida, pero el equipo de Donner llegó a la conclusión de que se había abusado del mismo. Muchas empresas recabaron el subsidio para todos sus asalariados. Otras solicitaron la ayuda y contrataron después, ilegalmente, mano de obra barata del extranjero. Cuando el fondo se agotó antes de tiempo, cortó por lo sano. Pero no le resultó fácil.
En el plazo de 24 horas, y en medio de una tormenta de críticas, el político suprimió el subsidio para resucitarlo luego. A partir de ahora, ya no podrá pedirse para toda la plantilla. Sólo el personal cualificado figurará en la lista de los beneficiarios. Un retoque que los líderes de los trabajadores lamentan porque "era un modelo para el resto de la UE".
Y si julio fue un mes turbulento, las sacudidas de agosto han sido aún mayores. Esta vez, los sindicatos no se han mordido la lengua. Que el Gobierno facilite "el despido de los trabajadores considerados no indispensables, para luego abrir una selección en función de la calidad", es "una traición". Y que, además, puedan hacerse hasta cuatro contratos temporales a los menores de 27 años (solían ser sólo tres) antes de firmar uno permanente "carcome los derechos sociales del trabajador". Según el ministro, todo es un error de apreciación resumido en una sola frase: "Lo que el Parlamento pide, barre las exigencias de los sindicatos".
