Tregua después de tres meses de enfrentamiento político

Una reunión de equipos técnicos hubiera solucionado la guerra de Serrano en un par de días, admiten los dos bandos. En condiciones normales. Y en otra situación política. Pero las trincheras de este nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están en el mismo partido, el PP. O lo que es lo mismo, son consecuencia de la rivalidad entre el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta, Esperanza Aguirre. Sólo que esta vez la batalla se circunscribe al ámbito doméstico.

Que ayer ambos bandos apaciguaran el desencuentro no significa que haya terminado la guerra, es simplemente un alto el fuego. Motivado porque Serrano, una calle del barrio de Salamanca, es zona sensible de votantes del PP. Por eso, ambas instituciones se culpan entre sí de originar el problema, que es muy similar al que vivió el Gobierno regional frente al Ministerio de Fomento por las obras de la Puerta del Sol.

La batalla de Serrano saltó a los titulares con un cartel. Hasta entonces, como cualquier otro problema que a diario dirimen las administraciones, se libraba a través de los faxes y teléfonos, con retraso de permisos incluido. En este caso, de la Dirección General del Patrimonio, que depende de la Consejería de Cultura, y de la Concejalía de Obras. Llevaban desde el 28 de abril a vueltas con el hallazgo arqueológico. Pero el pasado 15 de julio el Ayuntamiento colocó dos carteles, uno a la altura de la calle de Jorge Juan y otro en la plaza de la Independencia, y llevó el asunto a la plaza pública: 'Obras suspendidas para la realización de excavaciones arqueológicas exigidas por la Comunidad de Madrid'. Aun así, la intención no era 'intimidar, ni echar la culpa a nadie', justificó al día siguiente el vicealcalde, Manuel Cobo. Sólo informar, agregó. 'La Comunidad de Madrid no ha paralizado nunca, en ningún momento, las obras de la calle de Serrano', negó por su lado el vicepresidente regional, Ignacio González, también titular de Cultura. 'Si alguien considera que no hay que preservar el patrimonio, que lo diga'. En la resolución de 8 de julio de Patrimonio, que dictaba las medidas que debía tomar el Ayuntamiento en las obras, no se hablaba de paralizarlas. Pero la consejería consideró que, ante el número de actuaciones nuevas que debía hacer, no le quedaba más remedio. Por eso, desde el Consistorio culpan al Gobierno regional de parar los trabajos, que llevan ya casi un mes fuera de plazo. Y de hacerlo con intención política. 'Querían retrasar y culparnos de una demora que no hay", afirman.

"Nos han dado muchas patadas en las espinillas", se quejan en el Ejecutivo regional, que reprocha al Ayuntamiento haber "montado el follón para repartir las culpas" con la Comunidad. Hoy la batalla está zanjada y ya no hay carteles. Pero uno y otro bando no han bajado las armas.