Abogados e inmigrantes acusan a Granados de minar la justicia gratuita

No les ha gustado ser el ejemplo. Las asociaciones de inmigrantes arremetieron ayer contra el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Le acusan de usarles como "chivo expiatorio" en un asunto que ni siquiera tenía que ver con ellos. Granados arremetió el lunes contra los abogados del turno de oficio, a los que culpa de inflar sus facturas. Y para ejemplificarlo, añadió que algunos recurren "a otras instancias pese a que sus clientes ya han sido expulsados del país".

Las declaraciones del consejero, que reiteró ayer, despertaron el recelo tanto de extranjeros como de colectivos de abogados. Todos ven detrás de sus palabras una amenaza contra la justicia gratuita.

"Los inmigrantes son los chivos expiatorios", dice un portavoz de CEAR

"Quiere precarizar el servicio para privatizarlo", afirma un letrado

"Recurrir una sentencia es un derecho fundamental independientemente de quién sea el administrado", señala Mauricio Valiente, coordinador del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Valiente considera que el consejero busca "señalar que la saturación de la justicia es culpa de los inmigrantes, que son el eslabón más débil". El portavoz jurídico de CEAR le acusa de usarlos como "chivo expiatorio" para justificar cualquier problema relacionado con "el funcionamiento anómalo de la Administración".

El consejero "intenta dinamitar la asistencia jurídica a extranjeros en situación irregular por razones económicas y políticas", opina Javier Ramírez, de la asociación SOS Racismo. Granados "pone en la picota pública a los inmigrantes, con términos que se pueden equiparar a otras acusaciones, como que ocupamos los trabajos de los españoles o que somos quienes generamos la violencia", añade Gilberto Torres, portavoz del Colectivo de Refugiados Colombianos en España.

Asociaciones de abogados de oficio consideran "malintencionadas" las acusaciones del consejero, que ayer repitió sus palabras: "No es de recibo que un abogado que tenga un cliente en el extranjero siga recurriendo, en algunos casos hasta llegar al Constitucional con el único objetivo de seguir haciendo caja".

"O no sabe de lo que está hablando o lo ha hecho con intención de distorsionar la realidad", señala María Jesús Díaz Veiga, vicepresidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que representa a unos 220 letrados del turno de oficio. "Son acusaciones engañosas y tergiversadas", añade. "Un insulto no sólo a los abogados sino, sobre todo, a los que tienen derecho a la justicia gratuita".

"A esos extranjeros de los que dicen que recurrimos sus casos les quieren dejar sin justicia gratuita". Juana María Malca, vicepresidenta de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) -muchos de cuyos 150 miembros pertenecen también al turno de oficio-, apunta que la Comunidad cada vez pone más requisitos a los extranjeros que solicitan a un abogado gratuito. "En noviembre del año pasado se acordó endurecer las exigencias", explica. "Ahora se les obliga a que aporten en 15 días la documentación que acredita que tienen derecho a la justicia gratuita (certificado de renta, nómina, certificado de pensiones o de desempleo). Y eso para ellos es imposible", añade.

"No existe ningún motivo para que a un extranjero se le pidan menos requisitos que a un español", replicó el consejero, que volvió a insistir en los gastos. El turno de oficio "le cuesta a los madrileños 50 millones de euros". El presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior asciende a 902 millones, un 4,8% del total de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional adeuda 21 millones a los abogados de oficio por los dos primeros trimestres de 2009. Granados aseguró que pagará "hasta el último euro" a partir de "las próximas semanas".

"Pretende precarizar esto de una manera que sea insostenible y así poder privatizar el servicio de justicia gratuita", opina Manuel Valero, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), que reúne a unos 250 abogados. El miedo a la privatización es una de las principales preocupaciones de estas asociaciones. A ello se suman las "durísimas condiciones de trabajo" y "la mala remuneración". No son muy optimistas.

Los letrados celebrarán una asamblea general en septiembre, según el presidente de Altodo, en la que buscarán soluciones. Valero apunta algunas. Desde darse de baja en las guardias o dejar de pagar las cuotas al Colegio de Abogados hasta "manifestaciones o encierros".

La oposición reclama a Granados que deje de insultar a los abogados. El diputado socialista Javier Gómez le reprochó haber suscrito un acuerdo con los abogados "para después incumplirlo". El Partido Socialista de Madrid ha pedido la comparecencia del consejero en la Comisión de Justicia para que "garantice unas condiciones de cobro adecuadas" de la deuda.

Información elaborada por Anaís Berdié, María Martín y Pilar Álvarez.