Empresas menos pesimistas

Las cosas no han ido bien en el primer semestre, pero algunos empresarios empiezan a vislumbrar una lucecita al final del túnel, o a adivinar posibles brotes verdes como se dice ahora, según se desprende de los datos recogidos en la última edición del barómetro de empresas de EL PAÍS, correspondiente a la primera mitad de 2009. Una encuesta que elabora Deloitte sobre una muestra de 258 compañías que abarca todos los sectores de la economía y cuya facturación y plantilla conjunta superan, respectivamente, el billón de euros y los 900.000 empleados.

En el segundo aniversario de la crisis, que arrancó en agosto de 2007 en Estados Unidos con el escándalo de las hipotecas de alto riesgo, no hay prácticamente en España un solo empresario que diga que las cosas en economía han ido o estén yendo bien, pero uno de cada tres, y éste es un dato nuevo y relevante, opina que lo peor ha podido pasar y que su compañía espera de aquí a final de año que la situación mejore o al menos se mantenga igual.

El 51% de las empresas no apoya cambiar cotizaciones sociales por mayores impuestos

Hasta el 1 de enero esperan incrementar sus ventas un 38% de las compañías, y su rentabilidad, un 45%

Ocho de cada diez empresarios están a favor de reformar la supervisión bancaria para afrontar la crisis

Son opiniones recogidas y tabuladas hace algunas semanas que adelantaban, sin embargo, el escenario que dibujan los últimos datos y estadísticas oficiales, algunos hechos públicos esta semana. Sí el Estado gastó en los seis primeros meses del año 83.171 millones de euros, casi el doble de lo que ingresó (46.352 millones), según datos del Ministerio de Hacienda, y acumula un déficit de 36.819 millones de euros, un 3,5% del PIB, no es extraño que casi el 100% de los empresarios encuestados opine que la evolución de los principales indicadores de la economía española ha sido muy mala en la primera mitad de 2009.

Tampoco hay divorcio entre sus opiniones y los datos facilitados el martes último por el Ministerio de Trabajo relativos a una caída de casi el 30% en el saldo aún positivo de la Seguridad Social. O con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, que muestran que la pérdida de empleo en el segundo trimestre del año ha sido menos de la mitad que en el primero, pero un 7,2% más elevada que en igual trimestre de 2008.

En definitiva, una relativa inflexión a mejor en la destrucción de empleo que también está en sintonía con las respuestas del barómetro.

Los panelistas han constatado una peor evolución de todos los indicadores económicos en el primer semestre, si bien los resultados han estado en línea o han sido marginalmente mejores a lo que esperaban en diciembre para esta primera mitad del año, mostrando en todo caso, advierten los directores de esta consulta, "los signos de la crisis económica y financiera que están atravesando las economías mundiales".

En el primer semestre, sólo un tercio de las empresas encuestadas -la mitad que en anteriores barómetros- ha declarado incrementos de su beneficio antes de impuestos, más de la mitad de las compañías reconoce que ha reducido sus inversiones y sus plantillas, y seis de cada diez empresas confiesan haber reducido sus cifras de producción y facturación.

Para el segundo semestre de 2009, los empresarios confían en que los resultados de los principales indicadores sean, en general, algo mejores a los obtenidos en esta edición del barómetro. Esperan incrementos en sus cifras de producción y facturación un 38% de las compañías, y en las de rentabilidad, un 45%, mientras que para el empleo y la inversión no manifiestan esperar incrementos significativos, pero sí una ligera evolución a mejor al verse reducido el número de compañías que anticipan recortes de plantilla.

Los empresarios no han sido ajenos en esta consulta, y así lo reflejan sus respuestas, a las enrocadas posiciones mantenidas por los agentes sociales y el Ejecutivo en las negociaciones, definitivamente rotas hace una semana, para la consecución de un gran pacto contra la crisis. Los empresarios y algunos expertos como Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y colaborador de este suplemento, sostienen y venían sosteniendo en los días que se recogieron las respuestas del barómetro que el Gobierno debería recortar cinco o seis puntos las cotizaciones sociales (lo que supone unos 15.000 millones de euros de menor recaudación) y, para no desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social, subir el IVA y los impuestos especiales en la cantidad necesaria y cederle estos recursos. Se trataría de ampliar la financiación de la Seguridad Social a una cesta de impuestos en vez de que recaiga toda ella sobre las cotizaciones y de reducir con ello los costes laborales para favorecer la creación de empleo y las exportaciones. Una exigencia inasumible, a juicio del Ejecutivo y de los sindicatos, por su elevado coste y porque pondría en riesgo la viabilidad del actual sistema de la Seguridad Social.

Las posturas encontradas en este tema han sido finalmente claves para la ruptura del diálogo social y para el posterior intercambio de acusaciones públicas y descalificaciones entre el Gobierno, el presidente de la CEOE, los sindicatos y el primer partido de la oposición. Las respuestas del barómetro, sin embargo, revelan una posición bastante menos monolítica sobre estas cuestiones en las filas del empresariado. En concreto, un 49% de las empresas participantes se pronunció a favor de reducir las cuotas de la Seguridad Social y aumentar los impuestos indirectos sobre el consumo, pero un 51% se pronunció en contra. Tampoco ha habido consenso en las respuestas del barómetro sobre la conveniencia de elevar la imposición indirecta para reducir los tributos directos: un 43% apoya esta medida y un 57% se opone a la misma.

Mayor unanimidad hay en la valoración de la política económica del Gobierno. Seis de cada diez empresarios consultados la censuran, uno más que en la anterior edición del barómetro.

Es significativo también el pronunciamiento de los empresarios sobre otro de los temas más debatidos en la actualidad: el actual modelo económico español, muy basado en el sector de la construcción, y la necesidad o no de cambiarlo. Algo más de la mitad de los encuestados se muestra de acuerdo con que España tiene un modelo económico agotado y que para revitalizarlo debería reajustar el peso en el conjunto de la economía de las distintas actividades y dotarlas de un mayor valor añadido. Uno de cada tres empresarios va más allá y cree que hay que cambiar radicalmente de modelo económico.

Son también más pesimistas que hace seis meses sus opiniones sobre la evolución prevista de determinados indicadores macroeconómicos en 2009. Los que reciben valoraciones más favorables vuelven a ser los tipos de interés interbancarios y el IPC, ante la caída que han registrado en los mercados en los últimos meses (desde julio de 2008, el IPC se ha reducido en seis puntos, y el Euribor ha pasado en valores medios del 5,36% en junio de 2008 al 1,61% en junio de 2009), si bien crece el número de empresarios que sostienen que los recortes de precios y de tipos de interés está próximo a concluir. En tercer lugar, como indicador mejor valorado por los panelistas, en esta edición del barómetro, se sitúa la licitación de obra pública, aunque situándose por debajo del 50%, diez puntos menos que en diciembre.

Consumo de carburantes, tal vez por el repunte de precios del barril de crudo en los últimos meses tras el desplome de hace un año, e ingresos por turismo (en junio, los turistas internacionales que visitaron España gastaron un 7,3% menos que en el mismo mes de 2008, según la Encuesta de Gasto Turístico) son las variables que han obtenido una peor valoración por parte de los empresarios respecto a las efectuadas a finales del año pasado.

Ocho de cada diez empresarios, tal vez por las dificultades crediticias que sufren, se pronuncian a favor de una reforma de la supervisión bancaria para afrontar la actual crisis, y siete de cada diez están de acuerdo con la intención de la Comisión Europea de establecer recomendaciones sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros y a los sistemas de remuneración de consejeros de empresas cotizadas.