Inclán niega trato de favor a su "amigo" Margüello

Gabriel Inclán rechazó ayer cualquier ilegalidad en el caso Margüello o haber dado un trato de favor al ex director de Calidad de Cruces, José Carlos Margüello, a quien se refirió como "mi amigo". En una comparecencia sin precedente, y durante más de cinco horas, el actual consejero de Sanidad (Rafael Bengoa) y su antecesor explicaron su versión sobre este caso, en el que que el Gobierno cree que ha habido perjuicios económicos a Osakidetza. Las explicaciones de Inclán sólo convencieron a su partido; el resto de los grupos dieron más validez al informe oficial que presentó públicamente Bengoa el pasado 1 de julio.

"Prometo que no sabía que eran apoderados [de empresas que contrataron con la consejería que dirigió entre 1999 y 2009]", dijo el ex consejero de Sanidad. Se refería a los tres médicos (Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga) que figuran como socios de sociedades adjudicatarias de servicios públicos al tiempo que trabajaban para Osakidetza. Un primer informe del Departamento de Sanidad ha hallado "irregularidades graves" en el incremento de las tarifas abonadas a las compañías de hasta en un 47% por servicios como la atención urgente domiciliara, consultas e intervenciones quirúrgicas, así como en las adjudicaciones por el procedimiento de urgencia.

Bengoa: "Hay anomalías a favor de las mismas personas y empresas"

El ex titular de Sanidad rechaza cualquier "mínima irregularidad"

Concede a sus argumentos el mismo valor que el informe oficial

Inclán afirmó que si hubiera conocido que eran apoderados "habría dado mi opinión", aunque remarcó que este cargo en una empresa privada es compatible con sus empleos públicos. "Sabía que [Margüello] participaba en empresas", dijo sin dar más detalles, antes de lanzar un mensaje tajante: "Jamás este consejero ha mezclado amistad con trabajo. Nunca he dado nada a un amigo, pero tampoco se lo he quitado a nadie", agregó.

Inclán, quien en su exposición inicial de una hora no hizo referencia a esa posible incompatibilidad de los tres médicos para contratar servicios públicos con sus empresas, no supo responder a los requerimientos del PP sobre este asunto. "Ha dicho que no sabía que eran apoderados, pero que participaban en las empresas. Entonces, no se preocupó por la vinculación que tenían. No sé si es ético que participaran en empresas que daban servicios sanitarios a Osakidetza. Usted tenía que haberse preocupado por esa vinculación", le espetó la popular Laura Garrido.

Fue el momento de mayor tensión en la sesión extraordinaria celebrada por la Diputación Permanente del Parlamento vasco. "No sé para qué he hecho 10.500 kilómetros [Inclán está en Chile reciclándose para volver a ejercer la medicina]. No me ha escuchado, como hace siempre. Sigue como queriendo difamar", le replicó a Garrido el ex consejero sin responder a lo que se le había planteado la portavoz popular.

El ex titular de Sanidad, quien realizaba sus primeras valoraciones en persona sobre este caso, rechazó "con toda rotundidad" que alguien de su equipo "haya cometido la más mínima irregularidad, ni grave ni leve". Explicó con profusión los diez expedientes en los que Sanidad ha detectado anomalías y valoró que su apreciación era cuestión de interpretaciones. "Puede haber opiniones sobre la elección de un tipo u otro de procedimiento de contrataciones, pero han sido legales y elegidos en función de la urgencia requerida".

Censuró que se hable de un quebranto económico a Sanidad "que ni siquiera cifran" y remarcó que las actuaciones cuestionadas permitieron reducir las listas de espera. "Ésta es la única verdad de la contratación en mi época de consejero". Inclán, quien no aclaró si presentará alguna denuncia en los tribunales, declaró no sentirse acusado y afirmó que su exposición "tiene el mismo valor" que el informe oficial del Departamento de Sanidad. "Es una opinión contra opinión", manifestó.

Antes, el consejero Rafael Bengoa detalló las irregularidades que señalan a las empresas Medical Dom, Gestión de Servicios Sanitarios XXI y la UTE Gestión XXI. "No cabe duda que se han cometido irregularidades", dijo, aunque admitió que el informe es todavía incompleto y faltan aclaraciones, como si hubo o no incompatibilidades y cuantificar el presunto perjuicio para las arcas públicas.

Bengoa remarcó que "lo preocupante" de este caso es la "concurrencia" de anomalías "en un ámbito espacio-temporal concreto, y siempre a favor de las mismas personas y empresas, poniendo de manifiesto un determinado patrón de comportamiento". A preguntas de los grupos, dijo que "no nos consta que haya casos similares en Osakidetza" y negó las presuntas irregularidades por la falta de controles internos. "Es más el uso de los controles por las personas", explicó. Sí reconoció que existe un "problema" en la administración pública cuando este asunto es destapado por la prensa, por lo que planteó implantar mecanismos para que los trabajadores de la red sanitaria puedan denunciarlos de manera interna.

Ante las censuras del PNV de que uno de los cargos de su actual equipo participara en la mesa de contraración de algunas de estas empresas a finales de los 90, afirmó que fue un periodo en el que no se cometieron irregularidades. El PNV valoró que las explicaciones de Bengoa no eran "ni suficientes ni satisfactorias" y agregó que el informe tiene "errores e inexactitudes", afirmó la parlamentaria Nerea Antia. En cambio, se felicitó de que Inclán haya "aclarado más cosas". El PP fue el grupo que más insistió en que el caso se lleve a la Fiscalía. Pero el consejero de Sanidad dijo que se tramitará "cuando los daños económicos y otras irregularidades" se confirmen por el Tribunal de Cuentas.

El PSE aseguró que existe un "denominador común" al citar la utilización de los procedimientos de urgencia o la subida de tarifas. "Todas van en beneficio de dos empresas y la UTE. Eso es una evidencia", indicó la socialista Miren Gallastegui.

Independientemente de la vía judicial, el asunto se abordará en una comisión de investigación parlamentaria, sobre cuya futura creación están de acuerdo todos los partidos.