El famélico asno de Buridan
Si el asno hambriento del filósofo medieval Buridan permanecía inmóvil entre dos montones idénticos de heno situados a la misma distancia a causa de su incapacidad para elegir, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco se ha decidido -aunque las causas sean otras- por ninguno de los dos dictámenes sobre el anteproyecto de la ley del aborto presentados en consulta preceptiva pero no vinculante a su consideración. Las dos propuestas llegaban a conclusiones opuestas y habían corrido distinta suerte en la Comisión de Estudios del CGPJ. El primer dictamen, derrotado por tres votos a dos en esa instancia preparatoria, declaraba inconstitucional el anteproyecto. Aunque favorable al sistema de plazos, el informe alternativo -aprobado por igual margen- recomendaba que se exigiera a las menores de edad informar a sus padres sobre el propósito de interrumpir el embarazo y que se diera una nueva redacción a bastantes términos imprecisos e indeterminados.
Dívar es conocido en la carrera por su acendrado catolicismo
Su concepción del derecho equivaldría a subvertir el orden constitucional
También a diferencia del borrico condenado por el escolástico a morir de hambre, el CGPJ vivirá rozagante mientras dure su mandato quinquenal pese a esa página irresponsable. El actual órgano de gobierno de la magistratura, elegido por el Parlamento en septiembre de 2008 tras una prórroga de casi dos años de vida de su predecesor forzada por el boicot del PP, tiene 18 vocales auspiciados a partes iguales por socialistas y populares y otros dos propuestos por CiU y PNV. El presidente completa sus 21 miembros; formalmente elegido por los vocales de origen parlamentario, es designado de hecho por el presidente del Gobierno: Zapatero se encargó de anunciar antes de la votación del Pleno del CGPJ la candidatura -consensuada con Rajoy- del presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, conocido en la carrera judicial por su pulcritud como juez instructor (tarea a la que ha dedicado su vida profesional), afabilidad personal, deferencia ante el poder y acendrado catolicismo. La naturaleza colegial del CGPJ explica que su incapacidad electiva no sea imputable -como ocurre con el rucio filosófico- al bloqueo de una sola voluntad. Los dictámenes no lograron la mayoría absoluta necesaria para su aprobación -11 votos sobre 21- por los opuestos juegos de alianzas producidos dentro del Pleno. Mientras la propuesta que tachaba de inconstitucional el anteproyecto fue derrotada por 11 votos contra 10, el informe alternativo no logró romper el empate a 10 debido a la abstención del vocal de CiU. El presidente Carlos Dívar se alineó en ambos casos contra el anteproyecto del Gobierno junto a la minoría designada a propuesta del PP.
No es en absoluto reprochable que los miembros del CGPJ o de otros órganos suprapartidistas o consultivos -como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Seguridad Nuclear- se pronuncien contra las directrices de las instancias que les designaron o que les propusieron, siempre y cuando sus resoluciones se fundamenten sobre una interpretación razonable del ordenamiento jurídico. Esas discrepancias ayudan a respirar mejor en el sofocante ambiente partitocrático de la vida política española y a cumplir las tareas potencialmente contramayoritarias de los órganos constitucionales. Pero en este caso la concepción del derecho mantenida públicamente por Carlos Dívar, defensora de la primacía sobre las normas parlamentarias de una ley natural interpretada monopolísticamente por la infalibilidad del papa Ratzinger, aplicada por la Conferencia Episcopal y sancionada con pena de excomunión, plantea problemas cualitativamente diferentes. Porque equivaldría a una subversión del ordenamiento constitucional que la Jerarquía Eclesiástica utilizase el voto de calidad del presidente del CGPJ para convertir a esa alta institución del Estado en una caja de resonancia de sus doctrinas sobre la financiación de la Iglesia, la educación cívica, la libertad religiosa, la enseñanza de la catequesis católica como asignatura en las escuelas, la moral y las buenas costumbres o en un arma de combate contra la labor del Parlamento. Pero el principal peso de la responsabilidad no recaería entonces sobre Carlos Dívar sino sobre el presidente Zapatero, las personas que recomendaron su nombramiento y los vocales del CGPJ que lo ratificaron por disciplina o por temor aun estando en profundo desacuerdo.
