El PNV pide que se investigue la adjudicación de pisos protegidos en Barakaldo

El grupo municipal del PNV en Barakaldo solicitó ayer la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del Ayuntamiento socialista en el desarrollo urbanístico de La Siebe, un barrio de esta localidad. Esta demanda se hace a raíz de una información que señala que cinco personas "allegadas" al concejal de Urbanismo, Jesús María González Suances, residen en viviendas de protección pública "destinadas al realojo de los vecinos de la zona". Estas personas serían, según la noticia publicada ayer por el diario Deia, la propia hija del concejal, uno de sus guardaespaldas, dos familiares de personas de confianza que trabajan como técnicos de Urbanismo y un edil del PSE de otro municipio vizcaíno. El PNV "presupone la inocencia del concejal de urbanismo", pero considera que debería quedarse al margen de la investigación y ser el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, el que se pusiera al frente de la misma, según señaló la portavoz municipal de los jeltzales, Amaia del Campo.

El PNV solicitó ya en marzo la creación de esta comisión a raíz de las protestas de los adjudicatarios de pisos en este desarrollo. Del Campo señaló que la información publicada ayer, que no detalla las presuntas irregularidades cometidas, "hace más necesario que nunca" conocer "todos los entresijos" de esta operación urbanística. Por su parte, el PSE de Barakaldo se negó ayer a valorar este asunto.

Diez años de polémica

La operación urbanística en La Siebe -entre el barrio de Cruces y el parque Bengolea- ha estado rodeada de polémica desde el principio. Unos 80 propietarios de caseríos de la zona fueron expropiados en 1999 para edificar viviendas públicas protegidas. Muchos de ellos intentaron negociar infructuosamente la permanencia de sus viviendas. Cuando en 2003 se acometió el derribo de las casas, se trasladó a la mayor parte de los vecinos a unas casetas provisionales de 40 metros cuadrados, ideadas para vivir en ellas dos años y medio, pero los retrasos en la ejecución de las viviendas hicieron que la mitad de ellos permaneciese ahí hasta hace menos de un año. Aún hoy, dos familias siguen viviendo en esas casas prefabricadas. La información de Deia y la portavoz del PNV se hacen eco del rumor que circula entre algunos vecinos de que estas personas no han podido ocupar sus viviendas porque había cinco reservadas para las personas vinculadas al gobierno municipal, pese a que el número total de viviendas públicas en La Siebe es de 200 y el de propietarios de caseríos expropiados, 80.