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Alarte emplaza a Camps a buscar la media en la financiación autonómica

Gobierno y oposición debaten hoy en las Cortes el nuevo modelo

Ningún grupo político valenciano está conforme con el dinero que el nuevo modelo de financiación autonómica asigna a la Comunidad Valenciana, unos 1.300 millones de euros. Esta cantidad sitúa a los valencianos por debajo de la media española per cápita. Ayer, el Consell por un lado, los socialistas por otro y el resto de partidos de la oposición reivindicaron fondos adicionales para que los valencianos lleguen a la media. Las Cortes debatirán hoy en la Diputación Permanente los pormenores y el resultado de la negociación.

Los socialistas se mostraron convencidos de que el Fondo de Competitividad anexo al nuevo modelo supondrá la llegada de cientos de millones de euros adicionales. Por eso, el secretario general del partido, Jorge Alarte, emplazó al presidente Francisco Camps a sentarse, mañana mismo con él, y debatir el destino de estos fondos adicionales que, a juicio de Alarte, colocarán a los valencianos en la media. "Queremos que se destinen a gasto social, a más hospitales, colegios...", propuso el dirigente.

El Consell sale en tromba a criticar el nuevo modelo de financiación
Alarte reconoce que la cantidad no es suficiente, pero defiende el modelo

Alarte recordó que en su reunión con el presidente Camps el pasado 7 de enero -la única que han tenido- le pidió que fijase una posición unitaria con el resto de grupos políticos para dar más solidez a la negociación con el Gobierno español. No se supo más. La Comisión de Expertos que debía de ocuparse de hilvanar una propuesta tampoco funcionó.

El Consell, por boca de su vicepresidente económico, Gerardo Camps, se mostró escéptico con la venida de más dinero y retó a los socialistas a que expliquen hoy en las Cortes cómo llegará la Comunidad Valenciana a la media por habitante y en cuánto tiempo. "El debate aún no ha acabado. Hasta la Comisión Mixta [donde de forma bilateral Gobierno y Generalitat cerrarán las cantidades exactas] vamos a discutir por cada euro adicional para los valencianos", explicó el vicepresidente.

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El Consell ha criticado que el Gobierno español no haya tenido en cuenta el gasto que generan los españoles desplazados en verano a la Comunidad Valenciana y por los que recibe del Estado cuatro millones de euros, frente a los 200 millones que suponen de gasto. Tampoco ha valorado el peso de la población inmigrante, ni la población dependiente real. Gerardo Camps exigió a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, que tenga en cuenta a los dependientes reconocidos por la Generalitat a 31 de diciembre y no a 1 de abril pasado.En el debate de hoy populares y socialistas se recriminarán el papel jugado por el Gobierno español y el Consell en el proceso de negociación del modelo. Ayer ya hubo fuego cruzado. El secretario regional del PP y portavoz en las Cortes, Ricardo Costa, que compareció junto al vicepresidente Camps tras una reunión del partido, calificó el nuevo modelo de sectario. Camps suscribió estas palabras cuando se quejó de que el Gobierno español pactó el nuevo modelo de financiación sólo con Cataluña y luego se reunió con el resto de comunidades.

El número tres del Consell negó que hiciera mal las cuentas y se quedara corto en sus peticiones de financiación al Ejecutivo de Zapatero. Todo lo achacan a la posición "oscurantista" de Salgado, que en apenas unas horas cerró el acuerdo con los catalanes y luego impuso el sistema al resto. "Quiero preguntarle a Jorge Alarte si le parece justo que a efectos de financiación, un valenciano le cueste a Zapatero la tercera parte que un catalán", enfatizó Costa, que arremetió contra Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Països Catalans y hasta Carod Rovira, ex dirigente de ERC.

La denuncia del agravio se extendió a la práctica totalidad de actos convocados ayer por el Consell y por algunas de las instituciones gobernadas por el PP. El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, concretó que el nuevo modelo dejará al sistema educativo valenciano sin 400 millones de euros. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, cargó contra el Gobierno por "abandonar" a los valencianos en cuestiones clave como el agua o la financiación.

Si los populares hablaron de sectarismo por parte del Gobierno central, los socialistas recriminaron al Consell su ausencia de la negociación. "[El Consell] ha sido incapaz de negociar porque Camps está centrado en su salvación personal [tras su imputación por el caso Gürtel] y en intentar que su Gobierno en crisis no sucumba", subrayó Alarte. "No hemos tenido Gobierno durante la negociación capaz de mantener una posición firme y contundente".

Los socialistas hurgaron en la prepotencia con la que se ha conducido el Consell, que rehusó la mano tendida por Alarte en enero. Alarte, que compareció ayer ante los medios de comunicación después de casi una semana de silencio, lamentó el desprecio: "Tenían que haber ido con nuestro apoyo incondicional, con una posición unitaria, con unas bases claras, y no con un baile de cifras que nadie ha entendido". Dicho esto, el secretario general de los socialistas valencianos precisó que este nuevo modelo mejora el que pactó el PP en 2001, aunque reconoció que los fondos nunca serán "adecuados ni suficientes" para la Comunidad Valenciana. "Vamos a pedir al Gobierno que dote este Fondo de Competitividad con suficiente dinero", se comprometió Alarte, quien descargó toda la responsabilidad sobre el resultado final de la negociación sobre el Consell.

Los grupos parlamentarios anunciaron una batería de iniciativas sobre financiación autonómica. Los populares llevarán mociones a todos los ayuntamientos valencianos para pedir que el sistema "destine recursos suficientes para atender a la población inmigrante, a los desplazados nacionales y a los dependientes".

El PSPV-PSOE formalizará en las próximas semanas, cuando se inicie el nuevo curso político, propuestas para que esos fondos adicionales, a los que Alarte se refirió como "cientos de millones de euros" sin mayor concreción, se destinen al gasto sanitario, a educación y a las políticas de dependencia.

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