Los dependientes se quedan en casa

Porque no tienen un centro de día cerca o porque simplemente prefieren que les cuide su familia. La mayoría de dependientes gallegos que ya reciben prestaciones escogen las libranzas de cuidadores familiares, una alternativa que la Ley de Dependencia contempla como "excepción en caso de ausencia de medios cercanos". Enrique Rodríguez, trabajador en la Unidad de Dependencia de Lugo, cuenta que ésa es siempre la última ayuda que recomienda. "Los centros de día y de noche son la mejor opción porque el servicio es más completo y se libera a la familia", explica. "Además de atención médica, ofrecen programas de rehabilitación y estimulación en un entorno próximo a la vivienda". Aun así, sólo el 5% de los dependientes gallegos escoge esta alternativa. El reto de la Consellería de Traballo y Benestar para el próximo año es aumentar ese porcentaje y reducir el de las libranzas de cuidadores familiares, que hoy se sitúa en un 56%.

La ley contempla la atención familiar en casa como una medida excepcional

Sólo el 5% de los solicitantes elige ingresar en un centro de día

Los servicios o prestaciones que deben recibir los dependientes se intentan consensuar con el paciente y la familia pero, en última instancia, la decisión la toma un órgano de valoración compuesto por un médico, un psicólogo, un terapeuta y dos trabajadores sociales. Ésa es la última fase del proceso de valoración de dependientes, la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA). El camino empieza mucho antes, cuando las unidades técnicas de evaluación de dependientes de las siete ciudades gallegas reciben las solicitudes de los usuarios. "Cuando la documentación está completa", explica Rodríguez, "el procedimiento para valorar ya se puede poner en marcha". Pero no siempre es inmediato. Los atascos del sistema, que ahora tiene 2.000 solicitudes por evaluar, se concentran en este capítulo burocrático. Sin embargo, Galicia lleva un ritmo aceptable: 63.915 personas valoradas desde mayo de 2007, fecha de inicio para las valoraciones. Al principio, la mayoría de centros sufrieron una auténtica avalancha de solicitudes. "En Lugo [una de las provincias con mayor población envejecida] entraban hasta 400 expedientes a la semana", recuerda Rodríguez, "ahora llegan poco más de 100".

Superada la odisea burocrática, empieza la fase de identificación del grado y el nivel de dependencia. Médicos, psicólogos y terapeutas examinan al paciente -en su domicilio o en el centro- y determinan su grado de movilidad y autonomía. Luego, estos profesionales se reúnen con trabajadores sociales para "conjugar las valoraciones, dar una respuesta unitaria a las patologías y definir el grado y el nivel de dependencia".

Hasta finales de año, sólo tienen derecho a recibir ayudas los dependientes de grado III y II (gran dependencia y dependencia severa). De las casi 64.000 personas valoradas en Galicia, el 70% (42.716) pertenece a uno de esos dos grupos. El resultado superó las previsiones de la consellería. "No esperábamos un número tan elevado de grandes dependientes, fueron muchísimos más de los que pronosticaba el Libro Branco da Dependencia", recuerda Montserrat García, coordinadora de las unidades de dependencia de Galicia. Los 16.000 que calculaba el documento son ahora casi 30.000.

Una vez determinado el grado de dependencia, empieza la tercera y última fase del proceso: la elaboración del PIA. En esa etapa, los trabajadores sociales son un pilar fundamental. "Redactamos un informe que contempla factores sociofamiliares, datos del entorno del paciente y de las condiciones de su vivienda", explican desde el Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia. Con esa información, además de la evaluación de las condiciones de salud del dependiente y una valoración económica en función de su renta y patrimonio, el órgano de valoración elabora el PIA. Es decir, determina qué prestación de las que oferta la ley -atención residencial (escogida por un 22% de los dependientes), ayuda a domicilio (16%), centros de día y de noche (5%), libranzas vinculadas a servicios (2%) o libranzas de cuidadores familiares (56%)- es la más adecuada. Este proceso puede durar hasta un año, asegura Montserrat García. Seis meses para evaluar el grado y el nivel de dependencia y otros seis para consensuar el Programa Individual de Atención. Pero la nueva Consellería de Traballo y Benestar, dirigida por Beatriz Mato, pretende agilizar los trámites. En sus retos de futuro está la "modificación del decreto y la orden que regula los procedimientos, los tiempos y el perfil de los valoradores". Uno de los objetivos es reducir a medio año la duración del proceso evaluador, tres meses para cada etapa.

El Colexio Oficial de Diplomados en Traballo Social de Galicia se ha adelantado a la Xunta y, con el mismo objetivo, ha creado una nueva herramienta on line para favorecer la dinámica de grupos de trabajo "creados para el desarrollo específico de temas de máxima sensibilidad". El primero será el de la dependencia, que pretende "diseñar nuevos protocolos orientados a optimizar los recursos existentes", explica la presidenta, María José Redondas.

Y ahí está el problema, en los recursos, que no llegan para todos. Sólo 16.565 de los casi 30.000 grandes dependientes cobrarán este año las ayudas que merecen por ley. El Estado aporta una cantidad máxima por dependiente en función del grado, sea cual sea el servicio que recibe. En algunos casos sí se cumple el convenio acordado con las comunidades de sufragar a medias el desarrollo de la ley. En otros, no. Por ejemplo, el coste de una plaza en una residencia para un gran dependiente asciende a 2.600 euros mensuales, de los que el Gobierno central aporta sólo 263. No hay dinero suficiente y los plazos de la ley apremian. Por eso, Galicia pedirá al Estado que posponga las fechas para pagar las ayudas.