Las asociaciones de víctimas ponen en común sus demandas
El PP critica a Ares por "permitir" el homenaje de Getxo
Las diez principales asociaciones de víctimas del terrorismo de Euskadi y del resto de España celebraron ayer una reunión de trabajo con la directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, y otros miembros de su equipo, para poner en común experiencias y demandas a las instituciones públicas. Representantes de dichos colectivos mantendrán hoy una entrevista privada con el lehendakari Patxi López, a quien trasladarán sus inquietudes.
En la cita de Vitoria estuvieron presentes Covite (la principal asociación de Euskadi), los colectivos de Galicia, Valencia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Extremadura, así como la AVT, Zaitu (colectivo de amenazados del País Vasco) y la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo). La portavoz de Covite, Cristina Cuesta, anticipó a Efe que, tras felicitar al lehendakari por recibirles y haber realizado "gestos novedosos" de atención a las víctimas, le pedirán que se inicien actuaciones para disolver los 33 municipios que gobierna ANV en Euskadi, así como una serie de medidas judiciales, legislativas y educativas para deslegitimar a ETA. Entre ellas, la elaboración de un código deontológico aplicable en la escuela y en los medios de comunicación, que impida la humillación de las víctimas o el enaltecimiento del terrorismo.
Por otro lado, valoró que la ley de Solidaridad es buena, pero que falta desarrollar su reglamento con medidas como la reserva de plazas de trabajo para las víctimas en las ofertas públicas de empleo o regular adecuadamente las pensiones para las parejas de hecho.
"Incumplimiento"
El PP lanzó ayer su primera crítica al consejero de Interior, Rodolfo Ares, por haber permitido que el día anterior se celebrara en Getxo el acto de recepción a Zigor Goikoetxea, hermano de un terrorista de ETA encarcelando, que ha sido puesto en libertad bajo fianza mientras se decide su recurso contra la sentencia que le condenó por amenazar de muerte a la concejal popular Marisa Arrúe. El parlamentario Carlos Urquijo consideró la inacción de Interior un "incumplimiento" del pacto PSE-PP en lo que se refiere a la deslegitimación social y política del terrorismo.
El ministro Pérez Rubalcaba manifestó desde Estocolmo que si en el homenaje hubo "la más mínima alusión a la lucha armada", la Fiscalía de la Audiencia Nacional actuará contra los responsables sin dilaciones.
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