El Gobierno "evalúa" la congelación del sueldo de los funcionarios

Por segunda vez en un corto espacio de tiempo, el lehendakari ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de congelar el sueldo de los funcionarios de la Administración vasca en estos momentos de grave crisis económica. Ayer, en los Desayunos de La Comercial, reconoció que su Gobierno "está evaluando" esta opción dentro de las futuras medidas presupuestarias. De hecho, destacó la carga económica que representa atender a 80.000 nóminas.

En su último año de gestión, el Gobierno Ibarretxe aprobó una subida del 3% a los funcionarios vascos, a la que se añadía otro 0,5% en concepto de aportación al fondo de pensiones EPSV, mientras en el resto de convenios de las empresas de Euskadi el incremento salarial estuvo entre el 1,4%, más generalizado, y el 1,9% en aplicación estricta de la subida anual del IPC en el País Vasco.

No se descarta que la posible congelación de los sueldos del funcionariado vasco sea abordado en la polémica reunión que el próximo lunes van que van a mantener en Vitoria el consejero de Economía, junto a otros cuatro miembros del Ejecutivo, con los responsables de Hacienda de las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel.

Diálogo social

Entre las medidas que surjan, las instituciones estarán pendientes de los acuerdos que se vayan adoptando en las tres mesas del diálogo social, que el Gobierno vasco impulsa junto a la patronal y los sindicatos UGT y CC OO.

Patxi López mostró su convencimiento de que "en breve" se asistirá a "los primeros acuerdos, que aplicaremos inmediatamente" tras las reuniones iniciales que "con discreción y con diligencia", apostilló, "se están manteniendo durante estos días".

Adelantó el lehendakari que el trabajo que acometen estas tres mesas también se enfoca a "definir y desarrollar" las políticas activas de empleo "para el momento en el que Euskadi pase a tener la competencia" y así definir con anterioridad "cómo se adaptan esas políticas a la realidad". Como reto, admitió que las actuales negociaciones con el Gobierno central van encaminadas a que, "como fecha tope, a partir del 1 de enero de 2010", la comunidad autónoma disponga de esos resortes.