Iniciativa pide un cambio legal para que el Consell conteste a la oposición

Por la "indefensión democrática" y por "la negativa del Gobierno valenciano de facilitar la información que se solicita", el grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley para que se modifique la norma del Tribunal Constitucional de modo que éste reconozca en un máximo de tres meses el amparo a los diputados para que su pronunciamiento sea efectivo. Tres diputados de Esquerra Unida-L'Entesa solicitaron amparo al Tribunal Constitucional en la pasada legislatura (en noviembre de 2005) porque la Mesa de las Cortes se negó a tramitar varias preguntas parlamentarias alegando que afectaban a "personas sin trascendencia pública". El amparo llegó cuatro años después.

La propuesta busca que el Constitucional se pronuncie en menos de tres meses

La propuesta la defendieron ayer en Valencia el diputado nacional y portavoz de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Joan Herrera, y la diputada de Iniciativa del Poble Valencià (IdPV) Mònica Oltra. Según Herrera y Oltra, la justificación de la proposición no de ley es la falta de transparencia que hay en las Cortes Valencianas y la negativa a facilitar la información requerida por los diputados, en especial, la relacionada con las empresas supuestamente implicadas en el caso Gürtel.

Además de la "indefensión democrática" en la que se encuentran los parlamentarios de Iniciativa en las Cortes, Herrera destacó que cuando se vulnera el derecho a la información no solo afecta al político al que se le ha negado el acceso, sino a los ciudadanos a los que representa. Asimismo Herrera afirmó que tal situación hace que los diputados queden "desamparados".

Mònica Oltra agregó que el propósito de la iniciativa es que no pasen más de tres meses desde la interposición del recurso de amparo de los diputados hasta la sentencia porque en la actualidad el pronunciamiento se demora como mínimo cuatro años.

Ante tal situación, y aunque el Tribunal Constitucional le dé la razón al recurrente, dicho amparo carece de utilidad porque, o el órgano contra el que se puso el recurso ha cambiado, o porque el propio recurrente ni siquiera ocupa ya el cargo público que desempeñaba cuando se iniciaron los trámites.

Según Herrera, que ve esta solución como la única para proteger el derecho a la información de los ciudadanos, ya están estudiando la puesta en marcha de mecanismos, tanto políticos como parlamentarios, que garanticen que los datos que se soliciten en las Cortes sean suministrados por la Generalitat.

Ambos políticos hicieron referencia a la problemática de El Cabanyal. Herrera afirmó que el grupo ERC-IU-ICV presentará otra proposición no de ley para que el Gobierno central paralice, cautelarmente, los derribos de los inmuebles hasta que el Ministerio de Cultura dictamine si la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez supone o no un expolio.