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La oposición acusa a la Xunta de favorecer la dispersión poblacional

PSdeG y BNG alertan del menor control autonómico sobre el urbanismo rural

Nadie duda de que hay que combatir la dispersión de la población de Galicia. Más discrepancia suscitan los medios que se deben emplear para lograrlo. La Xunta del PP, por ejemplo, cree que los cambios en la Lei do Solo expuestos el jueves por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, contribuirán a conseguir ese objetivo, pero su partido está prácticamente solo en esa apreciación. Socialistas y nacionalistas opinan exactamente lo contrario, que favorecer la urbanización en las tres categorías de suelo rural que creará la nueva norma acentuará la dispersión, con el consiguiente desperdicio de suelo y encarecimiento de la prestación de servicios.

La dispersión de la población es, junto con el envejecimiento, uno de los principales argumentos con los que Galicia reclama que se incremente su financiación autonómica. Y el propio Feijóo aseguró que la nueva ley será una herramienta para luchar contra la diseminación urbanística. El PSdeG le contesta: "Consolidar la segregación de parcelas en el rural no parece la mejor forma de conseguirlo", sostiene la secretaria portavoz socialista, Mar Barcón. "Es muy difícil de entender, porque lo que se propone con la reforma es precisamente construir más, desperdigar núcleos", añade.

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Lo mismo opina la diputada del BNG Teresa Táboas. "Se va a conseguir todo lo contrario de lo que se predica, porque habrá más tipos de núcleos y más posibilidades de construir donde ahora no se puede. Se vuelve exactamente a la misma política que provocó la dispersión".

Más dudas suscita el posible fomento de la dispersión entre los urbanistas. Ana Fuentes, delegada de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Vigo, cree que no se puede sostener que la ley fomentará la disgregación sin conocer con profundidad los cambios que propone la Consellería de Territorio. En todo caso, advierte de que, una vez malgastado el espacio, como es el caso de Galicia, incluso pueden ser convenientes actuaciones que permitan "compactar" zonas ahora dispersas.

Los dos partidos de la oposición también coinciden en alertar de un riesgo que asume la Xunta con la reforma urbanística. En concreto, por la agilización de los trámites administrativos. Barcón avisa: "Los trámites por lo general son garantías, y si de lo que se trata es de eliminar garantías medioambientales, vamos a estar totalmente en contra". Los socialistas convienen en que hay trámites que se pueden acelerar, "pero la música que se oye suena a relajar otros controles".

Más crítico es el BNG. "El control disgregado ya sabemos lo que supuso en el territorio de Galicia", expone Táboas. El Bloque sostiene que los ayuntamientos tienen más dificultades para controlar y planificar, debido a la falta de medios humanos y económicos. Esta "fragmentación" en el control urbanístico "conduce a tiempos pasados", advierte la diputada nacionalista, que reprocha al PP su "ausencia de modelo urbanístico". "El PP aprobó la Lei do Solo en 2002, la reformó en 2004 y la vuelve a cambiar en 2009: no sabe qué hacer con el territorio".

Coinciden con Táboas y Barcón los ecologistas. "La experiencia de traspasar competencias a los ayuntamientos no es buena, la mayoría maneja su suelo como el salvaje Oeste", opina Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega. Eirexas cree que la reforma supondrá que se repita en el rural lo ocurrido en el litoral en los años previos a la suspensión urbanística de 2007.

Pero la ley también tiene defensores fuera del Partido Popular. Es el caso Federación de Promotores de Edificios y Suelos de Galicia (Feproga). Su presidente, Javier Garrido, defiende los cambios, para superar una situación de "paralización". "Los ayuntamientos son los que mejor conocen su territorio", sostiene Garrido, que descarta que la modificación permita construir con más libertad. "Eso es una simplificación", replica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de julio de 2009