Cultura y la Diputación chocan sobre las reformas en el Museo Guggenheim

Las responsables de los departamentos de Cultura en el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya -la consejera Blanca Urgell y la diputada Josune Ariztondo- mantuvieron ayer su primera reunión, "un intercambio de información" sobre los proyectos que afectan a las dos instituciones en un "clima de cordialidad", según definieron fuentes del Ejecutivo. La cordialidad en el encuentro, al que también asistieron el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera, y director general de Cultura de Vizcaya, Jon Iñaki Zarraga, no impidió que se pusieran de manifiesto la distancia que les separa en los asuntos relacionados con los cambios en el Museo Guggenheim. Ambas instituciones mantienen invariable su posición en los temas de mayor tensión en material cultural entre socialistas y peneuvistas en la pasada legislatura. Mientras que el Gobierno quiere ejecutar el mandato parlamentario de convertir la sociedades instrumentales del Guggenheim -la Tenedora, propietaria de la colección de arte, y la Inmobiliaria, del edificio del museo- en sociedades anónimas y variar el reparto de la propiedad, para que una de las dos instituciones sea mayoritaria en ellas, la Diputación entiende que el cambio, recomendado por Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) no es necesario. En su opinión, el reparto al 50% obliga a tomar las decisiones de forma consensuada. "Es lo perfecto", en palabras de Ariztondo.

La reforma de las sociedades, aprobada por el Parlamento y, posteriormente, incluida en las recomendaciones de la comisión investigadora de las irregularidades económicas detectadas en el Guggenheim, busca un incremento del control, que quedó en entredicho al descubrirse el desfalco perpetrado por su ex director financiero, Roberto Cearsolo, y la pérdida de 7,3 millones de euros en operaciones de cambio de divisas entre 2002 y 2005, según el informe del TVCP.

Ariztondo rechaza que las criticas del dictamen parlamentario al director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, por "falta de capacidad profesional, de tutela efectiva de sus bienes y de gestión adecuada" deban implicar su relevo. La diferencia con el criterio del Gobierno es total y la defensa de Vidarte y su gestión, absoluta. La diputada entiende que "la valía y la continuidad del equipo del Guggenheim no entra en colisión con el informe y sus recomendaciones". El criterio de las dos instituciones también parece difícil de conciliar respecto a las pérdidas por cambio de divisas. Mientras que el Gobierno defiende que existe un "agujero" que obliga a "sanear las cuentas", la Diputación niega el déficit y reduce los efectos de la fallida operación a un "menor patrimonio cultural". El encuentro tampoco sirvió para acercar a Urgell al proyecto del Guggenheim Urdaibai. La decisión sobre le entrada del Gobierno en él se ha pospuesto hasta conocer los estudios de viabilidad que elabora la Diputación.