Salgado y Castells desencallan la financiación

Cataluña se prepara para sellar definitivamente un acuerdo sobre financiación autonómica. El Gobierno catalán está dispuesto a que la aplicación progresiva del modelo se alargue más allá de los tres años que estipula el Estatuto. "Lo importante es que lleguemos a un buen acuerdo, y éste se puede conseguir con una cierta gradualidad", admitió ayer por la mañana el consejero catalán de Economía y Hacienda, el socialista Antoni Castells. "Si el modelo es bueno, no haremos de esto un casus belli", añadieron fuentes del Departamento de Economía. Sobre esta base, Castells y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, cerraron anoche en una reunión en Madrid lo que fuentes de la negociación calificaron de "principio de acuerdo".

El PSC aún debe presentar hoy el acuerdo a sus socios de Gobierno

Previamente, Salgado se había reunido con José Antonio Griñán, el presidente andaluz, para tener también su asentimiento al modelo que iba a cerrar con Cataluña.

Castells expondrá hoy las bases del pacto a sus socios del Gobierno tripartito para proceder a su ratificación. Hasta entonces la versión oficial es que el acuerdo está cerca, pero no completamente cerrado. De hecho, quedan detalles por acordar.

Iniciativa-Esquerra Unida está dispuesta a aceptar hasta cinco años de aplicación progresiva si el modelo pactado es satisfactorio. "La situación económica no es la misma que cuando se hizo el Estatuto y si el modelo es bueno, seguro que en el futuro, cuando la economía se recupere, nos dará más recursos", argumentó ayer un destacado dirigente de ICV. Fuentes de Esquerra Republicana también apuntaron la posibilidad de aceptar una prórroga, pero sólo de un año más, para llegar al pleno rendimiento del nuevo sistema.

Para Cataluña, un buen acuerdo pasa por un buen modelo antes que por una cifra. "El Estatuto nos da un modelo, no una cifra; es del modelo de donde se desprende una buena cifra", insistía ayer Castells antes de conocerse el pacto. El tripartito ha logrado consolidar más de 3.000 millones de euros a partir del tercer año, que podrían llegar sobre los 3.500 en el cuarto año, según algunas fuentes.

Uno de los escollos pendientes era la parte que se llevará Cataluña de los recursos adicionales que el Gobierno ponga encima de la mesa. Quiere entre el 20% y el 25% para poder estar, en el primer año de aplicación del nuevo sistema, cuatro o cinco puntos por encima de la media en recursos por habitante (hoy está casi seis puntos por debajo).

Castells también ve con buenos ojos, aparte de la cifra que se desprenda del modelo, la financiación de competencias específicas (Mossos d'Esquadra, prisiones y justicia), "que en el momento de su traspaso se valoraron mal, siempre que ese dinero se consolide a los recursos de la Generalitat".

En el principio de acuerdo cerrado anoche entre Salgado y Castells estos condicionantes se tienen en cuenta y ahora se tendrán que desarrollar los "últimos flecos", explicaron fuentes de la negociación. La discreción del encuentro entre la vicepridenta económica y el consejero hizo extremar las precauciones en el tripartito para evitar roces entre los socios. Con todo, el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, aseguró anoche a EL PAÍS que, con los datos que tenía, "ERC no puede dar luz verde al acuerdo".

Lo cierto es que el Gobierno central no tiene la menor duda de que Cataluña, en estricta justicia, debe subir su porcentaje en relación a la última liquidación. Baleares, cuya pésima financiación la ha situado casi en la cola de recursos de las autonomías, con déficits en todos los terrenos, subirá notablemente. Pero también su presidente, el socialista, Francesc Antich salió decepcionado de la reunión que mantuvo con Elena Salgado porque ésta le insinuó que era imposible subirle tanto a su comunidad como él quiere. Madrid, Valencia y Murcia son las otras regiones que subirán, por el criterio de aumento de población.

En el bloque de las que no han aumentado su población es donde más resquemor existe, sin distinción de color ideológico. Ese criterio poblacional previsiblemente las hará bajar de porcentaje y ninguna lo acepta. Galicia no quiere apearse de su 7,1%, que es lo que recibió en el último ejercicio, ni tampoco Castilla y León se conforma con menos del 6,8% que tiene ahora, tal como advierten sus respectivos presidentes, Alberto Núñez Feijoó y Juan Vicente Herrera, ambos del PP. Con este último ha hecho frente común el presidente de La Rioja, Pedro Sanz.

Pero la preocupación no es menor en los presidentes socialistas de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, y de Asturias, Vicente Álvarez Areces, con 2,8% y 2,7% del reparto, respectivamente. No se conforman con el compromiso del gobierno de que, aunque bajen en porcentaje, no verán mermados sus recursos porque se complementarán con los fondos adicionales previstos para garantizar la solidaridad y la igualdad entre españoles. Pero ya no sólo es un asunto de cifras, Fernández-Vara se fijará especialmente en el modelo, es decir, en los criterios que se siguen para el reparto.