Las varas del PP

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, se sentará casi con toda seguridad en el banquillo de los acusados. Será juzgado por un jurado popular del delito de cohecho.

El juez del Tribunal Superior de aquella comunidad "ve indicios racionales suficientes" de que el dirigente popular ha aceptado regalos de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa y su comisionado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Las empresas controladas por éstos lograron contratos de la Generalitat por casi siete millones de euros entre 2005 y 2009.

Camps ha recibido gratis total trajes, chaquetas, pantalones y zapatos valorados en unos 12.000 euros que fueron abonados por El Bigotes, según el auto del magistrado instructor José Flors. En ese escrito se reseña que Camps faltó a la verdad al afirmar ante el juez que él había pagado sus trajes. Es decir, mintió. Lo mismo que mintió cuando afirmó al inicio de la investigación que no conocía a El Bigotes. Una afirmación que se demostraría falsa al publicar este periódico una grabación en la que Camps llamaba a El Bigotes "amiguito del alma".

Otros tres altos cargos del PP valenciano, entre ellos su secretario general, Ricardo Costa, están imputados en la misma causa que Camps.

Estos son los hechos. Unos hechos que pueden ser históricos, si, por segunda vez en la historia, el presidente de una comunidad autónoma es sentado en el banquillo. El anterior fue Jordi Pujol por el llamado caso Banca Catalana.

¿Se ha expulsado o suspendido de militancia a los implicados? ¿Algún dirigente popular pide en público que Camps dimita como presidente de la Generalitat?

Nada de nada, como diría el propio Camps. Por el contrario, el líder máximo del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio y mantiene la misma injustificada posición de defensa a ultranza de Camps, del que opina que es "un político honrado, un dirigente ejemplar".

Viajemos a Andalucía. En esta comunidad, los dirigentes del PP piden un día sí y el otro también la dimisión del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, actual vicepresidente tercero del Gobierno de España, por haber autorizado una subvención de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja su hija.

Los populares aseguran que Chaves ha violado la Ley de Incompatibilidades. El ex presidente sostiene lo contrario: su hija ni es accionista, ni gestionó la subvención. Su firma, como abogada de la empresa, sólo aparece en el documento de aceptación de la subvención fechado 42 días después de que la Consejería de Innovación aprobara la ayuda y 35 días después de que el Consejo de Gobierno, presidido por Chaves, la ratificara.

Ésos son los hechos. Las diferencias entre ambos son abismales. De un lado, el presidente valenciano ha mentido. Ante el juez, en el Parlamento y ante la prensa. Por el contrario, Chaves siempre ha reconocido la existencia de esa ayuda.

Camps ha negado en el Parlamento la documentación de las adjudicaciones a las empresas del entramado corrupto de Correa. La Consejería de Innovación de la Junta ha proporcionado el expediente de Matsa a diputados del PP, a la prensa y al Parlamento.

Camps está imputado y a punto de sentarse en el banquillo. No hay ninguna acción judicial iniciada contra Chaves. Tan solo la denuncia de un medio informativo obsesionado con su familia. El sindicato ultraderechista Manos Limpias ha presentado una querella en el Supremo. El PP puso otra, pero la retiró y ahora amenaza con otra mejor elaborada.

¿Debe dimitir Chaves pero no Camps? Juzguen ustedes si la vara que aplica el PP para medir presuntas corruptelas ajenas es la misma con la que mide las propias días antes de ser juzgadas en un Tribunal Superior de Justicia.