El Gobierno se replantea el proyecto de ampliación del puerto de Mutriku

El Gobierno se replanteará el proyecto de ampliación del puerto de Mutriku, una polémica obra donde la Audiencia de Guipúzcoa ha apreciado indicios de un delito de prevaricación y que está paralizada desde principios de año . "Estamos analizándolo y ver que soluciones tiene", aseguró a EL PAÍS el consejero de Transportes y Obras Públicas Iñaki Arriola.

Arriola tienen intención de reunirse con todas las partes implicadas, tanto el ayuntamiento de Mutriku como los colectivos favorables y opuestos a un proyecto que fue defendido ahínco por el anterior equipo de Transportes, en manos del PNV. "Hay que analizar un proyecto en el que se ha gastado un montón de dinero y está paralizado", señaló el actual consejero.

"No vamos a tirar lo que ya está hecho, pero hay que buscar soluciones"

El responsable del departamento no aclaró si proseguirán los trabajos, iniciados en 2006, y que tenían que haber acabado en 2008. "Vamos a ver. Lo que no vamos a hacer es tirar lo que se ha ejecutado pero hay que ver las soluciones posibles desde el punto de vista técnico. Merece la pena pensar sobre ello".

El proyecto de ampliación supone la construcción de un dique exterior, otro interior donde se ubicaría un puerto pesquero y la primera planta en Euskadi para generar energía por olas. El presupuesto global era de 32 millones de euros.

Cuando empezaron las obras, en 2006, la plataforma de Mutriku Hobetu Leike interpuso una querella criminal en la que acusaba a las dos constructoras de acometer las obras sin la evaluación de impacto ambiental. La denuncia señalaba que sólo existía declaración de impacto para el proyecto de mejora de acceso al puerto y no en el caso de otras actuaciones, como la alteración de la playa, los rellenos, la ampliación del dique y las instalaciones para la planta de energía eléctrica por olas.

Pese a que el caso fue archivado inicialmente por un juzgado, la Audiencia de Guipúzcoa acordó en diciembre pasado la reapertura de las investigaciones, como pedía su Fiscalía. Aceptaba el argumento sostenido por los denunciantes de que de las ocho actuaciones previstas en el plan de ampliación "sólo tres se habían sometido a la evaluación de impacto ambiental cuando deberían haberse sometido todas". Añadía que, además de infringir la normativa sobre la evaluación de impacto, se incumpliría la Ley vasca de Medio Ambiente.

Ordenó que se practiquen las pruebas solicitadas y especialmente un informe pedido a la UPV sobre las afecciones a los fondos marinos. La Audiencia asumió el informe de la Fiscalía sobre una posible comisión de un delito contra el medio ambiente, pero "también una prevaricación medioambiental". Y extendía las imputaciones contra las constructoras, como pidieron los denunciantes, a la entonces consejera de Transportes, Nuria López de Guereñu, y al ex viceconsejero de Medio Ambiente Iñaki Ezkurra.

En los últimos meses, el proyecto ha tenido problemas en las obras, que obligaron al anterior Gobierno a aprobar una modificación del proyecto con el fin de reforzar el dique, que presenta grietas. Pero la constructora que seguía con las obras (Mariezkurrena, después de que abandonara Urazca por su quiebra) rescindió el contrato al suponer un incremento superior al 20%, como venía estipulado en la adjudicación. El dique exterior, de 440 metros de longitud, se ha construido en cerca del 70%, mientras que la planta de energía por olas está muy avanzada y le falta la puesta en marcha de las turbinas.

El anterior equipo de Transportes acordó la rescisión cuando ya se encontraba en funciones, y pretendía una nueva adjudicación del proyecto, que ahora queda en manos de la consejería dirigida por Arriola.