El consejero insumiso

El Tribunal Supremo acaba de dictar una última sentencia que obliga a la Consejería de Educación a reconocer la titulación de Filología Catalana en las próximas convocatorias de oposiciones para acceder al cuerpo docente. No es la única. Todas las sentencias emitidas respecto a la unidad lingüística del valenciano y el catalán son muy claras. Y van ya 21 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, 3 del Tribunal Supremo y una del Constitucional. La desproporcionada jurisprudencia consolidada al respecto -desde que el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ganó en 1997 el primer recurso en el Constitucional contra la organización ultraderechista Alternativa Universitaria- ha sido ratificada con creces en sucesivos fallos a favor de CC OO, Acció Cultural y las Universidades de Valencia, Alicante y Castellón, que llevan casi dos décadas de lucha en los tribunales por la homologación de un título estatal que la Generalitat no reconoce aún. Y han ganado la batalla. Pero su aplicación no.

Dos argumentos son reiterados en prácticamente todas las sentencias, incluida la del Constitucional. Primero, que "hay campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales". Y segundo, que "la licenciatura de Lengua o Filología Catalana avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta Comunidad, denominada oficialmente valenciana en su Estatuto de Autonomía y, en el ámbito académico, catalana".

Pero la última novedad, a raíz de la reciente sentencia del TSJ ganada por CC OO, es que el juez ponente Rafael Manzana Laguarda condena a la Generalitat a pagar las costas (al igual que hace el Supremo) porque imputa una conducta de desobediencia a la Administración valenciana. Lo que, en este caso, se singulariza en el consejero Alejandro Font de Mora, que la dirige políticamente, y en el director general de Personal, David Barelles, que firma la orden recurrida. "Es a ellos a quienes hay que imputar una conducta que el juez califica de "temeraria" y de "faltar, reiteradamente, a su obligación de respetar y cumplir las sentencias firmes (artículos 118 de la Constitución española y el 17.2 de la Ley del Poder Judicial", afirma el sindicato.

"Ésta es una acusación lo suficientemente grave", concluye el especialista del Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de València y asesor del STEPV, Alfons Esteve.

Desde que los tribunales han optado por condenar a la Administración a pagar los costes, entre noviembre de 2008 y junio de 2009, el incumplimiento de la consejería acumula 6.000 euros a cargo de las arcas públicas. "En tiempos de crisis, ¿cómo explicas a un ciudadano en paro que estos desacatos del consejero cuestan 1.000 euros al mes?", se pregunta.

"Una Administración no puede recortar los derechos de un titulado, porque no se trata de un título propio de la Consejería. Filología Catalana es el único título reconocido a nivel internacional. Si un profesor quiere trabajar en el departamento de Filología Catalana de la Universidad de Colonia (Alemania), necesita el reconocimiento oficial del título", concluye Esteve.