Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Empresas opacas compradas en internet logran grandes contratos

Adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción aparecen sembrados de empresas opacas que se compraron inactivas

La escena se produjo hace tres años. El personaje acababa de explicar que había manejado más de un maletín como conseguidor de adjudicaciones. Para demostrar que hablaba en serio, permitió escuchar a dos periodistas una grabación en la que un consejero de la Generalitat reprendía con contundencia a dos adjudicatarios de su departamento que aquellos días habían llevado su pugna por un contrato a los medios de comunicación. Tras negarse en redondo a facilitar una copia de la grabación a los periodistas, sentenció: "De todas maneras, estas maniobras dejan rastro, como las babosas".

Uno de los rastros de las maniobras turbias en torno a los contratos públicos consiste en la presencia reiterada, en adjudicaciones polémicas y escándalos de corrupción destapados en los últimos tiempos, de empresas que fueron compradas inactivas. ¿Qué papel pueden jugar en la adjudicación de obras o servicios empresas sin activos reales, acabadas de comprar en un vivero de sociedades dormidas?

Comprada en enero de 2005, Good and Better fue usada por la trama de Correa

Vilar declaró que Ricardo Costa gestionó la compra de Artemis 2000

Clavero domicilió la empresa Ekonos Group 2000 en la sede de Mercalicante

Las empresas de las ITV sirvieron para las residencias de la tercera edad

Ramón Cerdá Sanjuán, el suministrador fundamental de esas empresas, cuya particularidad más llamativa es la opacidad de los socios con que cuentan, asegura que su gestoría, denominada Sociedades Urgentes y especializada en este peculiar comercio, ha vendido ya cerca de 8.000 firmas previamente registradas. El método es exprés. "Disponible en sólo 24 horas, con confidencialidad de los socios y sin desembolso de capital inmediato", reza su propaganda. El "manual del usuario" de Sociedades Urgentes advierte: "Tenga en cuenta que esta transacción ha tenido un fin lícito, y el hecho de que se consiga confidencialidad en la titularidad de los socios no da ningún derecho a que dicha opacidad se utilice de forma fraudulenta". Y añade: "Si usted utiliza la sociedad en alguna trama organizada de fraude o la utiliza irregularmente de cualquier otro modo, evidentemente se producirán problemas y responsabilidades que lógicamente nosotros no podremos asumir, aunque las operaciones se hayan realizado durante el período de inscripción en el registro mercantil del nuevo administrador".

Cerdá, un gestor de Ontinyent que hace unos años intuyó las perspectivas potenciales del negocio de suministrar sociedades ya registradas, minimiza la incidencia del uso irregular de las empresas que ha vendido. Sin embargo, el hecho es que de su "vivero" proceden un puñado de sociedades involucradas en casos sospechosos, cuando no directamente fraudulentos. "En ningún momento he sido citado ni como testigo ni como imputado en estos casos", responde a través del correo electrónico a preguntas de este diario. "Tampoco podría haber aportado nada nuevo a las investigaciones".

Con todo, el "producto" que oferta, y que define como "una versátil herramienta de trabajo", es utilizado desde hace unos años por cazadores de adjudicaciones cuyo modus operandi levanta algo más que suspicacias, vista la extensión, diversidad y "celebridad" de los casos en que se detecta.

CASO GÜRTEL Facturas a Esperanza Aguirre

La empresa Good and Better, SL forma parte de la trama que destapó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Comprada a Ramón Cerdá en enero de 2005, apenas unos días después ya era utilizada por la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para facturar a la Comunidad de Madrid, tras ser contratada a dedo por el gobierno que preside Esperanza Aguirre. Sus dos administradores, Isabel Jordán y Francisco Javier Pérez, están imputados en el caso Gürtel, cuyas derivaciones han llegado, a través de la firma Orange Market, a implicar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

CASO FABRA Herbicidas falsificados

Una de las empresas "opacas" comprada a Ramón Cerdá es Artemis 2000, que tenía como socias a Amparo Fernández y Montserrat Vives, entonces esposas, respectivamente, del presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y del empresario Vicente Vilar, quien desencadenó el llamado caso Fabra, al denunciar que pagó comisiones a cambio de gestiones para la legalización de herbicidas y otros productos fitosanitarios. Según declaró Vilar, fue el portavoz del PP, Ricardo Costa, que es socio de una asesoría en Castellón, quien realizó las gestiones con el notario de Valencia Carlos Pascual para la compra de esta empresa el año 2000. Ahora, Artemis 2000 forma parte del entramado de sociedades investigadas en las diligencias abiertas a Fabra por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Pero, además, Artemis 2000 era una de las empresas beneficiadas por las autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios obtenidas con documentación falsificada, caso por el que la fiscalía ha pedido dos años de cárcel para Fabra.

CASO MERCALICANTE Ático y desfalco

Después de que el TSJ archivara la imputación al entonces alcalde de Alicante y hoy diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, el escándalo de la empresa pública Mercalicante está pendiente de que la juez instructora decida abrir procedimiento abreviado y, como consecuencia, que la investigación desemboque en un juicio donde se diriman las responsabilidades de un desfalco de seis millones de euros. El principal imputado, además de dos concejales alicantinos del PP, es el ex gerente de la sociedad, José Emilio Clavero, a quien el consejo de Mercalicante destituyó en julio de 2002 por irregularidades entre las que figuraba haber domiciliado en la misma sede social de la empresa pública una firma denominada Ekonos Group 2000. Se trata de una sociedad dormida que Clavero compró a Ramón Cerdá en mayo de 2001. Unos meses antes, había adquirido por el mismo procedimiento la empresa denominada La Luenga Inversiones SL, que Clavero habría usado para esconder su patrimonio, entre el que figuraba un lujoso ático en la avenida Diagonal de Barcelona.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Maraña de empresas con plusvalías

El proceso de concesiones para la gestión de las plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte de la Generalitat, durante el gobierno de Eduardo Zaplana, registró a finales de los años noventa uno de los despliegues más llamativos de empresas compradas para la ocasión. La sociedad Aseguramiento Técnico de Calidad, SA (Atecsa), sin la más mínima experiencia en el sector, se convirtió en la principal concesionaria de ITV valenciana, al obtener las estaciones de Gandia, Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Ondara, Alcoi y dos instalaciones móviles de revisión de automóviles. Atecsa estaba integrada por una auténtica maraña de sociedades hasta entonces inactivas encabezadas por Crespinell, SL, una empresa que compró el secretario del Ayuntamiento de Carlet, Juan Ramón Ferris Tortajada, como todas las otras, en la gestoría de Ramón Cerdá. Eran Vicebel, SL; Migral, SL; Civilena, SL; Alutacea, SL; Simétric Gestión, SL, o Neletass, SL. Junto a este grupo encabezado por Crespinell, formaba parte de Atecsa la firma Tempero 9000, SL, vinculada al ex directivo de recursos humanos del Sepiva Gregorio Martínez Tolosa y adquirida en el mismo "vivero" de empresas que las otras. Tras esa firma se escondía un empresario del sector del automóvil cuyo concurso era incompatible.

La operación, con el tiempo, resultó muy fructífera. En 2005, Atecsa que había pagado 8,17 millones de euros por la concesión, fue vendida a los fondos de capital riesgo Dinamia Capital Privado y Nmás1 por 14,2 millones, con lo que sus propietarios obtuvieron unas plusvalía del 65%. Más tarde, en febrero de 2009, el grupo Ahorro Corporación, vinculado a las principales cajas de ahorros, compró la concesionaria por 27,8 millones de euros. En el momento de su venta en 2005, Atecsa estaba presidida por el presidente de Ruralcaja, Luis Juares Argente.

RESIDENCIAS DE ANCIANOS El negocio geriátrico

Aunque parece extraño, los mismos nombres implicados en el negocio de las revisión técnica de automóviles, e incluso mediante las mismas empresas, lograron adjudicaciones en otro campo de negocio radicalmente diferente: las residencias de la tercera edad. Del programa de 9.000 plazas geriátricas que lanzó en 2001 el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Neletass, SL y el grupo zaragozano Gabinete Técnico de Trabajo Social, SA, consiguió cerca de 500 plazas, correspondientes a los centros de Benidorm, Dénia, Elche y Xàtiva. Juan Ramón Ferris Tortajada, -de antiguas vinculaciones políticas con Blasco, que ambos desmienten-, Gregorio Martínez Tolosa y Luis Juares Argente, a través de sus empresas Tempero 9000, Crespinell, Neletass y Civilena, reconvirtieron posteriormente la UTE en la firma Siete Treinta, SL, también procedente de la gestoría de empresas opacas, para acabar vendiendo su lote de residencias a la constructora andaluza Grupo Portival.

Crónica elaborada con información de Santiago Navarro y María Fabra.

"Andaremos por las 8.000 sociedades vendidas"

"El mayor banco de sociedades del mercado", dice Ramón Cerdá Sanjuán de su oficina de venta de empresas en la publicidad de su página web. Una oficina, con sedes en Ontinyent y Alicante, a la que han comprado sociedades, como demuestra un vistazo a la información del Registro Mercantil, desde Francisco Roig (Horizonte Azul de Negocios, SL) hasta la filial de Bancaja Actura (Nova Panoramica, SL, antes conocida como Asterisc Invierte, SL), pasando por el Grupo Llanera (Fincas Goldstone, SL), por hacer referencia sólo al sector de la construcción. A través del correo electrónico, Cerdá Sanjuán respondió a algunas cuestiones planteadas por EL PAÍS.

Pregunta. ¿La fiscalía, los juzgados o la policía se han dirigido en algún momento a usted o a su despacho para gestiones relacionadas con la investigación de casos como el que afecta al presidente de la Diputación de Castellón, en el que aparece la empresa Artemis 2000, o como el denominado caso Gürtel, en el que aparece la firma Good and Better, SL?

Respuesta. En ningún momento he sido citado ni como testigo ni como imputado en estos casos. Tampoco podría haber aportado nada nuevo a las investigaciones.

P. ¿Por qué aparecen tantas empresas procedentes de su "vivero" en adjudicaciones de la Administración: ITV, residencias de la tercera edad, empresas mixtas con el IVVSA?

R. En realidad, porcentualmente son muy pocas teniendo en cuenta el volumen de sociedades que manejamos cada año.

P. ¿Hasta qué punto tiene que ver ese amplio uso de sus empresas con la opacidad o confidencialidad que permiten?

R. La confidencialidad sólo afecta a los socios, pero nunca a los administradores de las empresas que sí que deben aparecer inscritos en el Registro Mercantil.

P. ¿Son reales las cifras que promociona en su página web de 7.000 empresas vendidas en todo el mundo?

R. Calculo que andaremos por las 8.000 sociedades vendidas, y de ahí mi comentario anterior de que porcentualmente no son muchas las incidencias que aparecen. De hecho es un servicio ya muy extendido que incluso el propio gobierno ofrece a través de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de julio de 2009

Más información