La división en el Consejo del Poder Judicial impide la renovación del TSJ

El 6 de julio finaliza oficialmente el actual y segundo mandato de Juan Luis de la Rúa como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la falta de acuerdo entre los dos bloques mayoritarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloquea el proceso de renovación en el cargo. Ha habido reuniones, pero no se superan las diferencias. Los conservadores no quieren ceder, sino mantener a uno de los suyos en la plaza. Los progresistas entienden que, después de diez años, es hora de un cambio. Mientras no lleguen a entendimiento, De la Rúa tiene una prórroga. No parece que quien fue señalado por Francisco Camps, presidente del Consell, como "más que amigo" vaya a abandonar su cargo antes de que concluya la instrucción del caso Gürtel, en el que está imputado precisamente Camps, además de Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. El caso Gürtel está siendo instruido por José Flors, miembro de la sala de Lo Civil y Penal del TSJ, que preside De la Rúa.

Los conservadores quieren mantenerse y los progresistas reclaman el cambio

En condiciones normales, el proceso de renovación debía haberse puesto en marcha hace ya semanas. Suele publicarse el concurso un mes antes de que finalice el mandato. A partir de ese momento, hay 20 días para que los candidatos envíen su memoria laboral para optar al puesto. Una vez concluido el plazo y recibida la documentación de los candidatos, la comisión de calificación hace una criba y presenta una terna al pleno. El candidato que obtenga dos tercios de los votos sale elegido. Esos dos tercios exigen un acuerdo. El Consejo se divide en nueve miembros propuestos por el PP, otros nueve por el PSOE, uno por CiU y uno por el PNV.

En este momento, parecen insuperables las diferencias entre ambas partes. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acordó apoyar al candidato Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial, cuya plaza también debería renovarse en septiembre y que quedará bloqueada hasta que no se resuelva la presidencia del TSJ. Jueces por la Democracia apuesta por el magistrado Luis Manglano. De la Rúa no cuenta con apoyos, pero entre tanto, ve extenderse su tiempo de gobierno, situación que no desagrada al sector conservador del CGPJ.El CGPJ dice claramente que el proceso de renovación del TSJ de la Comunidad Valenciana no se iniciará hasta pasado el verano, en el sentido más amplio del término. Puede ser septiembre u octubre, pero también puede ser diciembre. ¿De qué depende? Del juego de poder, del sudoku que dicen unos, o del cambio de cromos que dicen otros. La negociación pondrá sobre la mesa la renovación de las presidencias de los TSJ de País Vasco -en funciones desde el invierno pasado por una falta de acuerdo que se visualizó al dejar desierto el concurso-, Cataluña, Murcia y Baleares.

Los más críticos de la carrera judicial rechazan que los méritos, la capacidad y la experiencia continúen sin ser los valores esenciales. Aunque la apariencia de este nuevo Consejo sea la de negociar a pesar de que no se avance frente a la inexistente discusión en el anterior, lo cierto, entienden, es que no distan mucho resultado e intereses.

La APM ha conseguido durante los últimos diez años todas las jefaturas excepto en tres TSJ, ninguno de primera fila. Jueces por la Democracia (JpD) entiende razonable que haya alternancia. Una a la que pretenden no renunciar es la de la Comunidad Valenciana con su candidato Luis Manglano. Sin embargo, si de negociar se trata, hay cromos complicados. El TSJ del País Vasco está presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, quien sentó en el banquillo al actual lehendakari, a Patxi López. Sin embargo, el nuevo escenario político en Euskadi y la prórroga de su mandato han hecho que se produzca un cierto acercamiento y que haya voluntad de dejar atrás las diferencias. Es difícil que Jaime Tapia, el candidato de JpD, pueda salir vencedor. A esa situación se suma la de la presidenta del TSJ de Cataluña, única mujer en ese cargo, con un solo mandato a sus espaldas, María Eugenia Alegret, del sector más liberal de la APM, con buenas relaciones con José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, no presenta razones objetivas por las que empujar a favor del cambio. Murcia y Baleares son de menor entidad. Parecería lógico que el cambio se produjera en la Comunidad Valenciana, donde el descontento en la carrera judicial con los modos de De la Rúa es notorio.

En la partida entran, además, nombramientos de las salas segunda, tercera, cuarta y quinta del Supremo. De la Rúa, que por dos veces optó, tiene la plaza de la sala cuarta fuera de alcance porque no es para juez, es para jurista.