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Reportaje:

Un rosario de plazos

El horizonte de 2015 sucede a una sucesión de compromisos incumplidos para finalizar el AVE gallego

"Si los años 90 han sido la década de las autovías, la próxima lo será la de la alta velocidad". Más que una previsión, la frase de Manuel Fraga tuvo los efectos de una maldición. El ex presidente acababa de inaugurar unas autovías cuya ejecución consumió mucho más tiempo del pactado, y con el AVE habrá más de lo mismo. Sólo que entonces las inversiones se basaron en un plan negociado con el entonces ministro de Obras Públicas Javier Sáenz de Cosculluela y ahora son otros los actores, aunque pertenecientes a los mismos partidos. Pero al igual que en el caso de la A-6 y la A-52, las fechas parecen simples referencias condenadas a ser rebasadas.

Así ha pasado con el AVE en 2012. Falta mucho tiempo para que se cumpla un horizonte, el nuevo de 2015, cogido con alfileres, ya que nadie oculta de que se habla de finales de un año por lo demás todavía lejano, por lo que la más mínima contingencia frustrará el objetivo. Otra cosa será el cumplimiento de los plazos para las inversiones, fácilmente comprobables cuando finalice 2010. Para entonces, el Ministerio de Fomento deberá haber licitado casi 4.700 millones de euros.

En palabras del ministro, José Blanco, "sorprende que se haga un debate de plazos y no de prestaciones". O, dicho por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "se sustituyen los acuerdos sobre plazos por los acuerdos sobre presupuestos". Uno y otro pretenden así restar trascendencia a lo menos trascendente, aunque sólo después de que sucesivos gobiernos de sus respectivos partidos repitiesen con insistencia plazos imposibles de cumplir.

Porque la revisión a 2015 no es la primera que se lleva a cabo con las obras de la alta velocidad a Galicia. Aunque el fallido Plan Galicia se cuidaba de fijar plazos. La nota oficial de aquel consejo de ministros del 24 de enero de 2003, en medio de la crispación social del Prestige, daba cuenta de una amplia gama de nuevas líneas en las que se inician "estudios de trazado". Así, por ejemplo, del corredor ferroviario del Cantábrico, de la línea Ponferrada-Monforte y de la conexión Lugo-A Coruña. También se resolvía a favor de una solución en doble túnel y alta velocidad en el tramo Lubián-Ourense que el entonces ministro Francisco Álvarez Cascos se olvidaría de aplicar. Pero José María Aznar deslizaba para el AVE gallego la fecha de 2009, asumida por Zapatero cuando le sucedió al frente de la presidencia del Gobierno.

El lapsus de Zapatero

Apenas llevaba unos meses en el cargo Zapatero cuando sembró las primeras dudas sobre el compromiso de 2009. Fue durante una visita a Galicia, en la que anunció la entrada en funcionamiento del AVE en 2011. El revuelo que causaron sus palabras obligó a La Moncloa, 24 horas más tarde, a emitir un comunicado para aclarar "la confusión o malentendido". En realidad, rezaba la nota, Zapatero se refería al tramo León-Ponferrada-Monforte, del que nada se volvió a saber. La previsión oficial, sostenía el Gobierno, seguía siendo 2009.

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Llegaron también las célebres observaciones sobre el Plan Galicia, filtradas por un micrófono mal apagado delante de la ministra Magdalena Álvarez, y después 2012, mantenido a sangre y fuego por el ex presidente Emilio Pérez Touriño y secundado por Álvarez y Zapatero cuando no podría garantizarse ni con un comienzo inmediato de las obras.

Todavía en noviembre del año pasado, durante una visita a las obras del tramo Santiago-Ourense, la ministra sostenía ante los periodistas: "Como nosotros no lo dudamos, no creemos necesario repetirlo, pero lo voy a hacer las veces que haga falta para lanzar un mensaje de tranquilidad a los gallegos que lo están esperando: 2012 será el año en que traeremos la alta velocidad a Galicia". Pero a Álvarez la ha sucedido el gallego José Blanco, que al poco de ser nombrado ministro calificó la fecha de 2012 una "huida hacia adelante" y pactó un nuevo acuerdo. De seis años, pero sobre todo de 4.700 millones.

El precedente

Feijóo busca con insistencia un acuerdo por escrito con el Gobierno que plasme los compromisos del Ministerio de Fomento. El modelo, insiste, debe ser el acuerdo que en 1991 sellaron el ex presidente de la Xunta Manuel Fraga con el entonces ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela.

Es cierto que aquel pacto contemplaba todo tipo de cautelas. Si el ministerio se quedaba sin dinero para entregar las obras en la fecha acordada, un 20% de su presupuesto sería para Galicia. Además, una comisión mixta ministerio-Xunta se encargaría por velar periódicamente de la ejecución de las obras.

Dados los resultados, no parece el mejor precedente posible. Las obras deberían finalizar en 1995, pero no fue hasta tres años más tarde cuando la primera de ellas, la A-52, se abrió al tráfico. La complejidad del tramo de Pedrafita aplazó la apertura de la otra, la A-6, hasta nada menos que 2003.

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