Salgado podrá vetar las fusiones de cajas que pidan ayudas

En tiempos normales, el Gobierno autoriza o veta las fusiones entre bancos, y las comunidades autónomas, las uniones entre cajas. Pero estos no son tiempos normales. El decreto ley de reestructuración bancaria aprobado el viernes por el Gobierno otorga a la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, la facultad de vetar las fusiones entre cajas que apelen al dinero del nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según el texto publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado. No sólo eso: podrá oponerse también al uso del fondo para reestructurar entidades intervenidas por el Banco de España. En definitiva, eso supone controlar desde Economía el destino último de las entidades que estén al borde de la quiebra, sancionando -o no- las decisiones del supervisor bancario.

Economía puede oponerse a las decisiones del supervisor

Esa nueva asimetría se une a la decisión del Gobierno de dictar que no requerirán autorización autonómica las fusiones de cajas que hayan sido intervenidas por el Banco de España ante su situación de extrema debilidad, algo que ya ha provocado reticencias de algunos partidos nacionalistas y ha puesto en guardia también a comunidades gobernadas por los socialistas, como Cataluña y Andalucía.

El nuevo poder de veto de la vicepresidenta Elena Salgado se justifica por el uso de dinero público. Opera en los casos en que dos o más de las cajas de ahorro aún consideradas sanas quieran abordar un proceso de integración para el cual necesiten reforzar sus fondos propios. En esos casos, podrán apelar al FROB para que les inyecte dinero en forma de participaciones preferentes a un plazo máximo de cinco años, prorrogable por otros dos adicionales en circunstancias excepcionales.

Esas fusiones deberán ser presentadas ante el nuevo fondo estatal con todos los papeles en regla, esto es, necesitarán de las autorizaciones de las comunidades autónomas y de la aprobación por los órganos de gobierno de las cajas involucradas. Pero, además, el artículo 9.2 del decreto ley publicado ayer por el BOE, establece: "Con carácter previo" a la inyección de fondos, "el FROB elevará a la ministra de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". Y añade: "La ministra de Economía y Hacienda podrá oponerse, motivadamente, en el plazo de 10 días desde que le sea elevada dicha memoria".

Ese nuevo poder de veto de Salgado para las fusiones de cajas de ahorros con apoyo público otorga a la vicepresidenta, junto al Banco de España, mayor capacidad para rediseñar el futuro mapa financiero. En la normativa se ha incluido también, por dos veces en un mismo párrafo, el principio de la "utilización más eficiente de los recursos públicos".

Ese principio y el poder de veto de Salgado permiten negar el apoyo a fusiones que no se consideren adecuadas y puede usarse como contrapeso a las autonomías, que pretenden dirigir el proceso de fusiones con operaciones dentro de la misma comunidad, que no siempre son las más apropiadas desde el punto de vista económico y financiero.

El decreto ley aprobado el viernes -a la espera aún de su tramitación parlamentaria- exige que las cajas de ahorros que quieran fusionarse con apoyo del FROB asuman compromisos de mejoras de eficiencia, racionalización de sus labores de administración y gerencia y redimensionamiento de su capacidad productiva. Esos compromisos se plasmarán en un plan de integración con medidas específicas, que debe ser aprobado por el Banco de España.

De ese modo, aunque el Gobierno ha renunciado a cambiar la ley de cajas -"no está en el horizonte un cambio en esa ley", aseguró tras el último Consejo de Ministros Elena Salgado- y las comunidades autónomas mantienen su poder para autorizar o vetar las fusiones de cajas más o menos sanas, el control del dinero lo tendrán el Banco de España y, con poder de veto, la vicepresidenta económica. Eso supone que tendrán un amplio margen de maniobra para, apelando a "la utilización más eficiente de los recursos públicos", facilitar las operaciones que consideren más adecuadas.