El Consell considera posible una fusión entre la CAM y Bancaja

El Consell cree que es posible una fusión entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja. La operación, frustrada desde finales de la década de los ochenta -pese a los intentos de los gobiernos de Joan Lerma, primero, y Eduardo Zaplana, después- permitiría contar con una caja de ahorros valenciana de grandes dimensiones, comparable a La Caixa y Caja Madrid. La posibilidad de un acuerdo permitiría a las dos entidades valencianas posicionarse con solvencia en el reestructurado mapa financiero español que se avecina. El Gobierno aprobó ayer un fondo de rescate para entidades financieras y el Banco de España ha alertado de que el proceso de concentración de las cajas españolas es poco menos que inevitable. En este contexto, el Consell defendió ayer su derecho a vetar la fusión de las cajas de ahorro valencianas con entidades de otras comunidades autónomas. Un derecho a veto que también han defendido ya Cataluña, Andalucía y el País Vasco.

El vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, argumentó ayer: "Si se ha de vetar la fusión de cajas radicadas en la Comunidad Valenciana, el criterio será de racionalización, de efectividad, de mejora y de suficiencia financiera. Ello determinará que se ejerza o no se ejerza el derecho de veto pero nunca habrá un carácter político". Unas palabras que revelan el temor a que los activos de las cajas valencianas sirvan para enjugar la situación de otras entidades y, además, diluir su personalidad en favor de otras regiones.

El vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, insistió en que el veto no está reñido con el hecho de que las posibles fusiones se realicen "de la manera más efectiva para el conjunto del sistema" financiero.

El presidente de la CAM, Modesto Crespo, ha argumentado que una posible fusión con Bancaja se encontraría con problemas técnicos importantes -ambas entidades tienen diferentes sistemas informáticos- y se traduciría en una pérdida de competencia. Por su parte, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, explicó recientemente que una fusión con la CAM sería inviable por la duplicidad de redes y la concentración de riesgos y apostó por la unión con una entidad de ahorro de otra autonomía.

Olivas pidió al Consell que no bloquease una posible fusión interterritorial entre cajas. Una demanda que, a tenor de lo manifestado ayer por el vicepresidente económico del Consell, ha caído en saco roto.

En los últimos meses, en los mentideros financieros se había especulado sobre la posibilidad de una fusión entre Bancaja y Caja Madrid, por un lado, y la CAM y Caja Murcia, por otro.

Bancaja y la CAM son la tercera y la cuarta cajas de España aunque con una red basada en estructuras provinciales, lo que las sitúa a gran distancia de La Caixa y Caja Madrid, entidades de ámbito estatal con proyección internacional. La resultante de una fusión entre ambas alcanzaría unos activos próximos a los de Caja Madrid. En cuanto a datos financieros y resultados, Bancaja y CAM ocupan la cuarta y la sexta posición, aunque esa realidad se podría ver alterada por algunas de las fusiones que empiezan a promoverse. La clasificación internacional de la revista The Banker en 2005 reunía 45 entidades españolas entre las mil de mayor dimensión mundial. Bancaja estaba en la séptima posición y la CAM en la novena. Entre ambas, el BBK, que las dejaría detrás en caso de fusión.

Por otra parte, el vicepresidente económico, Gerardo Camps -que ayer ejerció de portavoz del Consell en ausencia de Vicente Rambla-, insistió en que reclamará a su homóloga en el Gobierno, Elena Salgado, que la Comunidad Valenciana alcance la media nacional en financiación per cápita en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Al término de la reunión del Consell compareció también el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, para informar de que ya tiene ultimado el borrador de la nueva ley de Sucesiones. Una ley con la que pretende revolucionar el modo de hacer testamento en la Comunidad Valenciana.

La ley que propone Castellano acabará con el sistema utilizado hasta ahora que obliga a repartir las herencias en un tercio de legítima -el destinado obligatoriamente a los hijos-, establece un tercio de mejora y otro de libre disposición.

El tercio de legítima se convertirá en un cuarto si hay menos de tres hijos y, además, disgrega del conjunto de la herencia el negocio familiar en caso de los autónomos. Es decir, el testamentario podrá dejar el negocio -y todo lo que lleva implícito de bienes muebles e inmuebles- a un solo heredero. El negocio, además, no computará para el reparto de la legítima. Si se trata de una empresa, ésta formará parte de la legítima, pero el testamentario puede otorgar todo el control de la misma a un solo heredero.