El Ejecutivo se marca como reto "culminar" el desarrollo estatutario

El desarrollo del Estatuto necesita "nuevos bríos", aseguró ayer en el Parlamento la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, pero también cambios en la forma de abordarlo, incluyendo el de alejarse del "todo o nada" y aceptar traspasos parciales, en espera de completarlos después. Los grupos nacionalistas expresaron su desconfianza hacia esta política, que Mendia va a aplicar de inmediato a la transferencia de prisiones. "Iré cogiendo todo lo que suponga beneficios para los reclusos y no sé cuánto tiempo voy a tardar en conseguir la transferencia completa, pero la conseguiré", recalcó.

El principal de esos cambios será desvincular el desarrollo estatutario de lo que se ha dado en llamar "proceso de normalización política", apuntó Mendia, quien compareció en el Parlamento junto al secretario general de la Presidencia, Manuel Salinero, y la secretaria general de Coordinación, Virginia Múgica. El pleno desarrollo estatutario supone "una obligación política y jurídica" que no debe usarse para abonar "falsos conflictos que la sociedad no percibe". Y de ninguna manera es el "talismán para la normalización" ni "moneda de cambio por la paz", porque éste es un problema de otro cariz: "De falta de democracia y libertad".

"Apostamos por todas las competencias. No renunciamos a ninguna"

Más allá de esa persecución del desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, la consejera señaló que su Gobierno "ni sacraliza el régimen competencial del Estatuto, ni acepta su minusvaloración como ya superado", tal y como después diagnosticaría Aralar. Mendia recalcó que "nada impide profundizar en el autogobierno más allá del Estatuto actual", siempre que ese cambio se base en "un acuerdo suficientemente amplio, el entendimiento y la lealtad institucional". "Está en nuestras manos", resumió.

Mendia dejó sentadas ante la Comisión de Instituciones e Interior las ideas y principios que observará el Ejecutivo. Señaló que el objetivo para este mandato pasa por "culminar el desarrollo estatutario". "Por si alguien le cabe aún alguna duda, apostamos por todas las competencias. No renunciamos a ninguna", afirmó. Mendia revalidó los compromisos adquiridos en el pasado por el PSE, socio de Gobierno del PNV en aquella época, en los acuerdos de 1993 y 1995 sobre transferencias y prioridades para su negociación.

La consejera partió de que el Estatuto no se halla plenamente desarrollado cuando se acerca a sus 30 años de vida, pero destacó que lo está en su mayor parte y mostró la intención del Ejecutivo de "poner en valor" esta última realidad.

El abordaje de los aspectos pendientes estará presidido por "el rigor", incluyendo los cambios habidos a lo largo del tiempo o las sentencias del Tribunal Constitucional que abordan conceptos como el de la caja única de la Seguridad Social o las cuotas de desempleo y formación, éstas últimas en el núcleo de la discusión sobre el traspaso de las políticas activas de empleo. Mendia detalló que el rigor pasa también por "abandonar para siempre" la referencia a un número de transferencias pendientes. No todas las que se computan como tales lo son, ni tampoco se pueden poner al mismo nivel las políticas activas de empleo que, por ejemplo, los paradores nacionales, ilustró.

Las prioridades las marcarán las necesidades del momento y ahora urgen los traspasos que pueden ayudar ante la crisis, básicamente las políticas de empleo, que deben estar en Euskadi el 1 de enero de 2010.

Los grupos nacionalistas se mostraron escépticos sobre las posibilidades de lograr en cuatro años lo que ha sido imposible en 30. Esa transferencia se va a convertir para ellos en la prueba del nueve del Gobierno de Patxi López en esta cuestión. El peneuvista Ricardo Gatzagaetxeberria, quien compartió con Salinero las discusiones de los años noventa sobre las competencias estatutarias, dijo "querer creer" al Gobierno, al que pidió que no acepte "anexos que le maniatan al hacer políticas". "No nos vamos a conformar con cualquier cosa", sostuvo la consejera, quien garantizó un traspaso que permita "realmente hacer políticas, con la intermediación laboral, la formación y la inspección de trabajo".