La segunda muerte de Luis Díaz

Luis Díaz Pérez murió el 5 de noviembre de 1991. Tenía 28 años. Se precipitó al vacío desde un cuarto piso en una obra en construcción en San Vicente del Raspeig (Alicante), que no tenía barandillas protectoras ni las adecuadas medidas de seguridad. Dieciocho años después, Luis Díaz ha vuelto a morir. Esta vez, de desidia.

Ya en el siglo XVII el escritor francés Jean de la Bruyère decía que "una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia". En este caso, ni eso, porque han tenido que pasar 18 años para que el arquitecto y el gerente de la empresa constructora se sentaran en el banquillo de los acusados, pero no se ha hecho justicia. El fiscal calificó los hechos de homicidio imprudente y solicitaba para los presuntos responsables un año de prisión, que no iban a cumplir, y una indemnización de 210.000 euros para Celsa, la viuda de Luis, y su hija Ana, que acababa de hacer dos años cuando murió su padre. Exigua compensación para quien ha perdido a un padre o a un marido.

De Rosa: "La justicia debería haber llegado un poco antes"

Pero la magistrada encargada del caso, a la vista del retraso en juzgar los hechos, atribuible al colapso de los juzgados, ha absuelto a los acusados por aplicación de la prescripción, esa figura legal por la que se extingue la responsabilidad criminal debido al transcurso del tiempo, porque el derecho del Estado a perseguir a los culpables no debe de ser eterno. Y así nos va.

Sostiene Lola Beccaria en El arte de perder, que hoy día los pactos ya no se hacen con el diablo, sino con los bífidus activos, y debe de tener razón. Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, que hasta ser nombrado para el cargo a propuesta del PP fue conseller de Justicia de la Generalitat valenciana y que, por tanto, alguna responsabilidad debe de tener en el colapso de los juzgados de su comunidad, descubrió el Mediterráneo cuando, preguntado por el caso de Luis, dijo que "la justicia debería de haber llegado un poco antes". ¿Un poco?

Fue clarividente cuando razonó que "un asunto de 1991 que se juzgue en 2009, no supone que la justicia ha funcionado de forma correcta". Y, sin duda, fue voluntarioso, cuando prometió que si el caso llegara algún día hasta el Consejo se estudiaría si existe alguna responsabilidad judicial en el retraso. ¡Cómo si los restantes casos que llegan al Consejo no se estudiaran! O igual es que el señor De Rosa, que parece aficionado a las declaraciones eméticas -acaba de afirmar que "cada vez que creamos un juzgado, creamos un fracaso"-, cuenta con otras informaciones a las que no tenemos acceso los ciudadanos.

Los retrasos judiciales no son nuevos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a España por dos casos de violación del derecho a un juicio justo en un plazo razonable. El más sangrante se refiere a un caso por estafa, falsificación y aumento fraudulento de los precios en Santa Cruz de Tenerife, en 1988. Diez años después, la Audiencia aprobó una indemnización de 84 millones de euros para los estafados, pero la sentencia nunca fue ejecutada.

Que unas víctimas hayan dejado de cobrar 84 millones de euros por las ineficacias de los jueces se ha saldado, 20 años más tarde, con una condena a España y una compensación de 8.000 euros para los perjudicados. No parece que sea para estar satisfechos.

Volviendo al caso de Luis Díaz, ahora, la Justicia dispone de varias vías para que la viuda y la hija de Luis puedan prolongar su sufrimiento y su peregrinar jurídico. Por un lado, pueden presentar un recurso, de incierto futuro, contra la sentencia; por otro, pueden acudir a la vía civil para reclamar la indemnización que la jurisdicción penal les ha negado; también pueden denunciar a los jueces por retardo malicioso en la administración de la Justicia o demandar a la Administración por mal funcionamiento de los servicios públicos. Quizá dentro de otros 18 años alguien les dé la razón y una miseria de indemnización y Luis pueda morir por tercera y definitiva vez.