La rebelión de las cajas

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, desató el pasado lunes una tormenta previsible. Eligió el momento apropiado para detallar los aspectos fundamentales del esperado Fondo de Reestructuración Ordenado de la Banca (FROB): la comparecencia ante un centenar de periodistas en un seminario sobre la profundidad de la crisis organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

La aprobación del FROB está prevista para este viernes y el evento era la mejor plataforma para tomar el pulso de los protagonistas. Salgado, entre otros detalles, remarcó que ese fondo intervendrá cuando no se pueda alcanzar una solución privada, es decir, una fusión, y que habrá que modificar la Ley de Cajas cuando una entidad reciba ayudas del Estado, seguramente en forma de cuotas participativas con derechos políticos. El Banco de España se hará así con la gestión, temporal o definitiva, si las entidades no tienen futuro, y los directivos serán destituidos. Sí queda claro que el futuro pasa por una reducción drástica del número de entidades, sobre todo de cajas de ahorro, ahora 45.

Los cambios suponen que las autonomías pierdan poder, lo que constituye el primer punto de conflicto, ya que algunas no tardaron en oponerse, como Andalucía y Cataluña. El otro foco de fricción se produjo con las propias cajas, que se sienten discriminadas frente a los bancos y acusan a las autoridades de una doble vara de medir por querer enmascarar un reajuste del sector de cajas bajo una apariencia genérica.

Así que las cajas tomaron el fusil en el mismo foro que Salgado con el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, al frente. Ya jubilado y con todo el pescado vendido, el catedrático gallego se desató la lengua y repartió para el Gobierno ("con amigos como éstos no hacen falta enemigos", dijo citando a su paisano Pío Cabanillas Gallas); para el sector bancario, al que acusó de acosar a las cajas y de crear falsas expectativas ("en 2007, los bancos dijeron que la crisis iba a acabar en abril de 2008 para mantener su cotización en Bolsa"), y para los medios de comunicación, de los que dijo que apoyaban ese "intento de desmoronamiento" de las cajas.

Dio juego. Quintás, que ha pactado su permanencia en el cargo hasta mayo de 2010, exigió neutralidad, desarrollar estrategias viables, apoyo a los procesos de saneamiento y la elaboración de un plan de contingencia. Después vaticinó que, si no se toman medidas y se reducen las provisiones, el sistema financiero entrará en pérdidas los dos próximos años. Ayer, con motivo de la boda de una hija, Quintás tuvo ocasión de cambiar impresiones con casi todo el sector y algún político. No faltó la respuesta de Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria, con quien mantiene un pulso profesional muy tenso y que en Santander afirmó que la reestructuración es necesaria y que sólo si el Gobierno se lo pide comprarían cajas. Más leña al fuego.

Los representantes de las principales cajas (Miguel Blesa, presidente de

Caja Madrid; José Luis Olivas, de Bancaja, y Juan María Nin, director general de La Caixa

) también aprovecharon para mandar sus mensajes y aportar su grado de rebelión. Como Quintás, pidieron más eficacia al Gobierno ("si no vamos al diluvio, los políticos se tienen que dar cuenta", dijo Nin, para quien sobra entre el 15% y el 20% del sistema financiero español) y más libertad frente al poder político para buscar soluciones a la crisis, que pasan inevitablemente por fusiones entre cajas de diferentes comunidades.

Todos reconocen que estudian el mercado, en el que los peces gordos acabarán comiéndose a los pequeños. El problema son los mandos políticos, por mucho que diga Nin que no recibe presiones de José Montilla, y Blesa, que se siente libre para estudiar compras. Quizá el más claro fue Olivas. El ex presidente de la Comunidad Valenciana con el PP no se mordió la lengua al proponer que no haya cargos políticos en los órganos de gobierno de las cajas tras subrayar que no ve una fusión con la otra caja regional, la CAM. Por ello, está dispuesto a pedir a su sucesor, Francisco Camps, que levante el veto a fusiones interregionales. "Estoy convencido de que lo hará", dijo sin desvelar sus preferencias.