Las grandes entidades de ahorro aceptan que el Estado tenga voto mediante cuotas

Como en todas las crisis financieras, a medida que pasa el tiempo y se deteriora la situación hay que hablar del capital, el corazón del negocio de los bancos y las cajas de ahorros. La liquidez es más fácil de inyectar, pero el capital es otra cuestión, es lo que da derecho a la propiedad, es la garantía frente a los riesgos asumidos y es lo que soporta los costes de una reestructuración, en oficinas y despidos.

Han pasado 20 meses desde el inicio de la crisis y España es el único país occidental donde los Gobiernos no han reforzado a sus entidades con el denominado core capital. Las participaciones preferentes son otro refuerzo, pero como capital de segunda categoría, conocido como Tier1, y no sirve para pagar las mismas facturas.

El capital es un talón de Aquiles para las cajas de ahorros . Sólo pueden incrementarlo con los beneficios -que están cayendo con rapidez-, pero no pueden hacer ampliaciones, como los bancos, cuando hacen compras o cubren la creciente morosidad de los créditos. Por eso las cajas necesitan las cuotas participativas. Hasta ahora no han tenido derechos políticos, sólo podían recibir dividendos, y han sido un fracaso.

Ayer pasaron por Santander, en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), los cuatro máximos representantes de las cajas y coincidieron, por primera vez, en que el sector necesita las cuotas con derechos de voto.

Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas (CECA) afirmó: "No me importaría que mientras dure la crisis, el Estado tenga derechos de voto con las cuotas, sin que se cambie el modelo de las cajas". Quintás prefiere que no entren los bancos. El director general de La Caixa, Juan María Nin, achacó ayer a la ausencia de derechos políticos la escasa utilización de las cuotas.

"Son poco naturales. Es lógico pensar que con derechos políticos tendrán una mayor fluidez en el mercado", afirmó. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, fue más tajante y dijo que "no hay que tener miedo a los fantasmas de la privatización. Hay que cambiar las cuotas para que tengan derecho de voto", aunque pidió limitaciones frente a los bancos.

De lo contrario, "el sector corre el riesgo de morir virgen y mártir por mantener las esencias", añadió. José Luis Olivas, presidente de Bancaja, admitió también que el Estado tenga derechos políticos cuando entre en el capital.