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Beneficencia del siglo XXI

Técnicos y entidades piden menos reparto de comida y más protección social

Consuelo, de 54 años, estaba ayer entre las primeras en la cola que se formó frente a la sede que la Misión Evangélica Urbana tiene en el barrio de Velluters de Valencia para recoger comida. Con los 550 euros de su pensión de viudedad viven ella, una hija toxicómana de 23 años y otra soltera con un bebé de 22 meses. "Más o menos, da para pasar el mes con lo que me dan", apuntaba ayer. A Krasmir, un búlgaro de 40 años a quien una severa trombosis en la pierna le impide trabajar, no le dura tanto. "No dan demasiado, en cinco o seis días se acaba". ¿Y luego? "A buscarse la vida".

La respuesta del Ayuntamiento de Valencia a la crisis y las dificultades que atraviesa la población más desfavorecida consiste en un plan de reparto de alimentos que tuvo en la entrega de ayer su primer capítulo. La campaña municipal distribuirá 980.000 euros en comida hasta final de año, que repartirán Cáritas, el Banco de Alimentos y la Casa de la Caridad, además de la entidad evangélica.

Sin embargo, las principales entidades de ayuda social y numerosos trabajadores sociales llevan tiempo alertando de la falta de programas de protección social que trasciendan planteamientos que recuerdan a la beneficencia de otros tiempos.

Ésta es la opinión de trabajadores sociales que prefieren ocultar su nombre y alertan de la lista de espera de dos meses que tienen que aguardar los valencianos sin recursos para ser atendidos por los servicios sociales municipales en su primera visita. O entidades como Cáritas, que repetidamente -en la presentación de su último informe de actividad hace una semana o en el consejo de acción social municipal el lunes pasado- han reclamado medidas que rebasen estos planteamientos asistencialistas.

Además de dar alimentos, sostienen, la Administración debería potenciar herramientas que ya tiene para combatir estas situaciones como las ayudas de emergencia o las vinculadas a la ley de renta garantizada de ciudadanía. Después de una larga tramitación por parte de la Consejería de Bienestar Social, la puesta en marcha de esta norma apenas ha tenido efectos. Buena parte de sus beneficiarios del año pasado han tenido que esperar hasta 2009 para recibir las ayudas -unos 400 euros al mes-. En la ciudad de Valencia, esta medida ha tenido tan poco éxito que este año tan solo se han transmitido a la Generalitat unas 320 solicitudes, pese a que la tasa de población potencialmente beneficiaria es mucho mayor. La población en situación de extrema pobreza ronda el 5%. Y Valencia tiene 807.200 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de enero de 2008. Los números no salen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de junio de 2009