La Fiscalía alerta del "grave" retraso en la ejecución de las sentencias

El caso Mari Luz lo puso de manifiesto, pero el problema de la ejecución de sentencias penales en Andalucía es "grave, persiste y debe ser resuelto con prontitud". El incremento de juicios rápidos, de las sentencias de conformidad, que casi se han doblado, y las últimas reformas legislativas generan una carga de trabajo "añadida" que hace "muy difícil" ejecutar las sentencias penales.

Así lo manifestó ayer en Granada el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón. Es un problema de "extraordinaria amplitud" en la jurisdicción penal, quizá el "más importante" en la actualidad, y exige un replanteamiento de la oficina judicial y fiscal, de los sistemas recíprocos de control, de la especialización de la plantilla auxiliar y del uso extensivo de las nuevas tecnologías para el almacenamiento y tratamiento de la información procesal.

García Calderón: "Es un problema de gran amplitud, el más importante"

No es que se haya producido un incremento exagerado de la criminalidad en Andalucía en 2008, pese a que las diligencias previas superen por primera vez el millón (1.024.368), sino que la mayor eficacia produce un gran número de resoluciones judiciales condenatorias, "muy difícil" de ejecutar en los órganos unipersonales.

De hecho, la denominada "litigiosidad penal real" -integrada por los escritos de acusación presentados por Fiscalía y los juicios orales celebrados- ha registrado un incremento "moderado". Y ése es a juicio de García Calderón el volumen de actividad válido para analizar el aumento o no de la criminalidad.

Málaga, con 283.152 diligencias incoadas, es la provincia que registró más asuntos, aunque fueron casi mil menos que el año anterior. Almería (89.376) y Córdoba (91.720) fueron las provincias con mayor incremento, mientras que Sevilla fue la provincia en la que más descendió la incoación de diligencias previas (243.493, 5.445 menos que en 2007), aunque es la primera de Andalucía en procedimientos abreviados, juicios de faltas, con jurado y menores.

Al margen de esas cifras es, sin duda, la capital de la Costa del Sol la que copa los primeros puestos en Andalucía en la denominada litigiosidad penal real: 13.713 calificaciones presentadas, 11.515 juicios rápidos y 10.142 sentencias. Sólo en conformidad le supera Cádiz, con 5.987, 500 menos.

Pero Málaga es también la provincia en las que se percibe mayor presencia de crimen organizado, con niveles muy altos de riesgo, sólo por detrás de Madrid y Barcelona.

En su intervención, García Calderón alertó además de una emergente y nueva forma de criminalidad, que aparece con "intensidad preocupante", si bien no pudo aún aventurar datos, como es la llamada criminalidad inmobiliaria, que produce efectos "devastadores" en muchas economías familiares.

En concreto, consiste en el abono parcial de grandes sumas de dinero para la primera adquisición de viviendas, que no reciben posteriormente los afectados o descubren un cúmulo de irregularidades que acaban por conducirlos a un proceso penal para conseguir la satisfacción de sus derechos más elementales. Requiere, según dijo, un tratamiento policial y jurídico penal diferenciado para valorar la situación de "especial vulnerabilidad".