Los populares se quedan solos en su defensa de la ordenanza de licencias

"No es conforme con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid". Éste es el argumento por el que el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) recurrirá la nueva Ordenanza de Licencias Urbanísticas de Actividades y Negocios, aprobada ayer en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

El COAM ya había presentado "diversas alegaciones técnicas y jurídicas", pero el punto clave de su oposición a la ley es que introduce la figura de unas "entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas" (ECLU) que, en opinión del alcalde, agilizarán el proceso y facilitarán la apertura de negocios.

El informe técnico que hasta ahora lo hacía el Ayuntamiento de Madrid se sustituirá por el informe de esas entidades, de gestión privada.

Las entidades colaboradoras, "acreditadas y autorizadas", indica el Ayuntamiento, se encargarán de las licencias de actividades (algo más de la mitad del conjunto de licencias que tramita el Ayuntamiento). Las licencias de obras en uso residencial continuarán siguiendo la ordenanza actual (vigente desde 2004).

"Según la Ley del Suelo de Madrid, son los colegios profesionales los que tienen competencia para informar. Entendemos que esas entidades privadas no deben dar el informe ni de la licencia provisional ni de la definitiva", declaró ayer la decana del COAM, Paloma Sobrini. La arquitecta recordó, asimismo, que "la figura de las entidades certificantes" ya la presentó Gallardón cuando presidía la Comunidad de Madrid: "En 2001 presentó un proyecto de ley que las incluía, y ese artículo fue rechazado por todos los grupos de la Asamblea regional".

Tras la aprobación en la Junta de Gobierno y su presentación al pleno municipal hay dos meses de plazo para recurrir la nueva ordenanza y además del COAM, otros colegios profesionales (ingenieros, gestores administrativos...) se sumarán, aseguran los arquitectos y también los grupos de la oposición.

Tanto PSOE como IU están en contra de las afirmaciones del alcalde de que con la nueva ordenanza "habrá una reducción de trabas y barreras en la tramitación de licencias". "Se cambiará un control previo por un control de la actividad", afirma.

"Es falso que se reduzcan los trámites administrativos o los costes. Se embarullará aún más el caos organizativo que ya existe", según el responsable de Urbanismo del grupo socialista, que manifiesta un "no rotundo a la privatización de las licencias urbanísticas". Al igual que IU. "Sacan del Ayuntamiento una tramitación que eran incapaces de ordenar. La Ley del Suelo dice que los informes técnicos deben hacerlos los servicios municipales con el visado de los colegios profesionales", dicen sus portavoces, e indican que, a través de los sindicatos, ya se ha detectado una postura contraria a esas entidades privadas por parte de los técnicos municipales.

"Esta ordenanza es alegal. Si no se para, más que un guateque, habrá un banquete", pronostica Pedro Ortiz, arquitecto ex director general de Urbanismo.