Investigados seis policías de Scotland Yard por someter a torturas a cinco detenidos

Seis agentes de Scotland Yard están siendo investigados después de que un compañero les denunciara por torturar a cuatro hombres y una mujer detenidos tras una redada antidrogas en el norte de Londres.

Las acusaciones contra los cinco detenidos, sospechosos de tráfico de cannabis, fueron retiradas en marzo pasado para evitar que el asunto de las torturas policiales y las pesquisas sobre una trama más amplia de corrupción salieran a la luz pública y perjudicaran las investigaciones en curso.

El caso se originó en la comisaría de Enfield, en el norte de Londres, después de una redada de la Policía Metropolitana en ese barrio y en Tottenham. Los detenidos fueron sometidos a ahogamientos simulados, una técnica de tortura utilizada por Estados Unidos en el penal de Guantánamo que luego fue prohibida. Los seis agentes británicos han sido suspendidos de empleo.

Las investigaciones de estas denuncias permitieron descubrir una red de corrupción, fabricación de pruebas falsas y robo de material propiedad de sospechosos detenidos, como televisores o iPods.

Un total de 10 agentes fueron suspendidos en febrero pasado y la Policía Metropolitana remitió a seis de ellos a la llamada Comisión Independiente de Quejas contra la Policía (IPCC en sus siglas en inglés), el organismo responsable de las investigaciones internas.

Este caso de corrupción y torturas no ha sido el único revés de la policía británica esta semana. Ayer, nueve lores jueces, actuando en sus funciones como la más alta instancia judicial del Reino Unido, dieron la razón a tres sospechosos de delitos de terrorismo, que alegaron que no pueden ser sometidos a arrestos domiciliarios sin que se les diga explícitamente de qué se les acusa.

Los jueces lores ya declararon ilegal hace unos años el encarcelamiento arbitrario de sospechosos de terrorismo a los que el Estado no quiere llevar a juicio para no desvelar cómo ha obtenido la información que tiene contra ellos. Aquel fallo llevó al Ministerio del Interior a crear unas órdenes de control que sustituyen la prisión preventiva indefinida sin juicio de sospechosos de terrorismo por un estricto catálogo de arrestos domiciliarios, prohibiciones del uso de teléfonos, Internet, etcétera.

Aunque la legislación finalmente aprobada -tras un espectacular enfrentamiento entre la Cámara de los Comunes y la de los Lores- introduce el control judicial de las acusaciones contra los sospechosos, la ley no obligaba al Estado a poner al corriente de ello a los propios acusados.