Los accionistas críticos toman las riendas de La Seda tras la salida forzada de Español

El grupo de accionistas de La Seda de Barcelona críticos con la gestión dio ayer un golpe en la mesa y forzó la dimisión del presidente del grupo químico, Rafael Español, que llevaba en el cargo desde 1994, en una tensa y dilatada reunión del consejo de administración, que aún seguía al cierre de la edición de este diario.

Caixa Geral (7,2%); Imatosgil a través de Inverland Dulce (12,4%); Oman Oil Holdings Spain; y Liquidambat Inversiones Financieras (que agrupa a Caja Duero, Sa Nostra, CAM y Caja Castilla La Mancha, entre otras, con el 6,1% del capital) se han rebelado contra la dirección del grupo y han votado contra las cuentas de 2008, que están todavía por auditar al haberse detectado, según fuentes de los accionistas, algunas operaciones con pérdidas que todavía están por aclarar. Los consejeros trataron ayer, con los auditores de Horwarth, de reformular estas cuentas.

Caixa Geral, en concreto, "asume el liderazgo de la nueva etapa" tras haber concedido un préstamo de 25 millones de euros para financiar el circulante de La Seda, según informaron ayer fuentes cercanas a la compañía. La Seda tiene problemas para financiar su actividad ordinaria y se ha visto obligada a paralizar la actividad de su factoría de El Prat de Llobregat. El consejo decidió nombrar al hasta ahora vicepresidente de La Seda y presidente de la aseguradora Fiatc, Joan Castells, nuevo presidente en funciones, aunque no se formalizó. El ex ministro Joan Majó ha sido tanteado como futuro presidente. La junta de accionistas del 30 de junio se ha desconvocado.

Español, que seguirá como consejero en el grupo, señaló que renunciaba a su cargo con el fin de facilitar la nueva etapa de la compañía. Su papel ha sido puesto más que en entredicho por los accionistas, que suman el 30% del capital. El resto no rechazó las cuentas, pero las aprobó con salvedades.

El grupo, que necesita recursos para financiar el circulante, está renegociando las condiciones para pagar un préstamo sindicado por valor de 600 millones. spañol esperaba un nuevo crédito del órgano de crédito público de la Generalitat, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que tenía ya contraídos otro préstamo con La Seda anteriormente.