Un dudoso interés general

"Si se despeña un autobús escolar por un barranco, ¿hasta cuántos niños puedo permitir que se me mueran sin que crispen?", respondió Iñaki Gabilondo a sus jefes, cuando en 1980, como director de Informativos de TVE, le reclamaban información de Estado que no alterase a la sociedad en momentos delicados para la incipiente democracia.

La cita viene a cuento de la decisión de TVG de levantar de la parrilla un documental sobre las vacas locas bajo el pretexto de no dañar económicamente al sector ganadero. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, justificó la decisión por la petición, nunca constrastada, de un sindicato agrario. La polémica que se desató ha obligado a los nuevos responsables del ente público a emitir el programa mañana. Pero el debate no se ha resuelto. ¿Hastá qué punto los intereses de un colectivo pueden ser obstáculo a la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Qué motivos pueden justificar que no se difunda una noticia veraz, obtenida por medios legales y contrastada con distintas fuentes?

"Hurtar información veraz a la sociedad es tratar a la gente como menores"

"Deben ser los profesionales y no las autoridades quienes decidan"

Razones de Estado, siempre relacionadas con la seguridad, y la protección de derechos individuales, como la intimidad o el honor, o aquellas cuestiones que afectan a menores, son los únicos límites que establecen los expertos en comunicación. Durante el 23-F, el propio Gabilondo tuvo que esperar casi un día para emitir unas imágenes de interés indudable: la toma del hemiciclo por los golpistas. El objetivo de esperar a la salida de los diputados del Congreso fue "salvaguardar la vida de todas aquellas personas". "Habitualmente la pretensión de escamotear infomación en nombre de un presunto interés general o social es una forma de dudar del papel de los medios en democracia y también de la capacidad de los ciudadanos. En no pocas ocasiones ese gesto de paternalismo esconde otros intereses", avisa.

Llucia Oliva, presidenta del Consell de la Informació de Catalunya, un organismo autorregulador que vela por el cumplimiento de los principios éticos en la actividad periodística, sostiene que "hurtar a la sociedad informaciones veraces es tratar a las personas como menores de edad y también un daño a la democracia". Esta periodista cita como excepciones aquellas "noticias sensibles relativas a actos terroristas que podrían causar males mayores". En todo caso, aboga por que el medio "se justifique con honradez ante los ciudadanos y la redacción cuando decida limitar un información".

En el Reino Unido se ha abierto una discusión después de que algunos bancos acusasen a los medios de agravar la situación económica con sus informaciones. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa (FAPE), la gallega Magis Iglesias, se muestra radicalmente en contra de cualquier censura. Recuerda que el "interés general" está vinculado a "valoraciones subjetivas" y defiende que "deben ser los profesionales y no las autoridades quienes decidan sobre la publicación o no de informaciones conflictivas". De paso, reclama "responsabilidad y un escrupuloso oficio" a los informadores para que se garantice "la pluralidad".

El recién nombrado secretario general de Comunicación de la Xunta, Alfonso Cabaleiro, que fue director de Radio Galega con Fraga, cita como excepciones sólo aquellas que recoge el artículo 20 de la Constitución, relacionadas con la intimidad, el honor, la propia imagen o los derechos de los menores. Y recuerda que, en caso de colisión, corresponde a la "tutela jurisdiccional" "garantizar los derechos" constitucionales.

Fermín Bouza es catedrático de Sociología en la Complutense de Madrid. Distingue entre "informaciones confidenciales relativas a la seguridad del Estado que sí deben ser preservadas, algo que entiende todo el mundo, y las opiniones conflictivas, que no son en absoluto el mismo caso". Bouza cita el caso del reportaje de las vacas locas. "Sólo puede causar un daño, el retrospectivo, que es volver a recordar actitudes nada ejemplares de otro Gobierno del PP". Partidario de dar una nueva oportunidad a los gestores de TVG, ruega que el canal no siga el ejemplo de Telemadrid, "donde el partidismo ni siquiera se disimula".

El decano del Colegio de Xornalistas de Galicia, que agrupa a más de 1.000 profesionales, Xosé Manuel Pereiro, insiste en que una noticia lo es "porque precisamente no le gusta a alguien". Y cita "las fotos de los abusos en Abu Ghraib que seguramente dañaron a la imagen de los Estados Unidos, de su Gobierno y seguramente de la nación". Otra cosa es la emisión de imágenes de cadáveres o primeros planos de víctimas "que sí deberían tener en cuenta los intereses de sus familiares". "Pero el interés general es casi siempre una argucia para esconder intereses particulares".

Y ahí sostiene Pereiro, colaborador de este periódico, la responsabilidad debería ser la misma en los medios públicos y en los privados. En eso coincide Alfonso Cabaleiro y también Iñaki Gabilondo: "Lo contrario sería como admitir que los únicos hospitales que deben operar bien son los públicos".