Traballo reclama a Madrid que deniegue el ERE de Pascual

El ERE de extinción de contratos que pretende el grupo Leche Pascual para los 155 trabajadores de la planta lucense de Outeiro de Rei "no se justifica" en ninguna de las tres argumentaciones (económicas, organizativas y tecnológicas) que se requieren para su planteamiento. Así se lo comunicó ayer oficialmente la Xunta al Ministerio de Trabajo, en quien recae la responsabilidad última sobre la resolución de este expediente. Fue justo en el día en que la empresa trasladó al comité una modificación de sus pretensiones iniciales, sobre las que hoy se pronunciarán los trabajadores en asamblea.

La Consellería de Traballo ha sido la encargada de realizar el informe negativo a las pretensiones de la empresa burgalesa para deshacerse de los 155 trabajadores. La Xunta afirma que "no existe justificación objetiva" para el ERE y pide al ministro de Trabajo que exija a la empresa las cuentas auditadas de los tres últimos ejercicios, "una documentación que hasta el momento no se ha presentado", según la consellería. El departamento de Beatriz Mato remitió al ministerio un informe sobre las ayudas de ocho millones de euros otorgadas por la Xunta a Pascual para modernizar la factoría de Lugo.Aunque la empresa alega causas económicas, Traballo advierte que los únicos datos aportados son los correspondientes a 2007, ejercicio en el que se reflejan unas ganancias superiores a los dos millones de euros.

La Xunta también matiza la argumentación empresarial que se fundamenta en la caída de ventas en 2008. En este punto, la Administración autonómica alega que parte de esa reducción vino motivada por el "rechazo" del mercado a la gama de yogures, concretamente de los PMI, lo que "no avala" un ERE, ya que estos productos se elaboraron en la planta de Aranda, donde el expediente afecta sólo a un 10% de la plantilla.

Traballo recuerda que la factoría de Lugo recibió de la UE, a través de la Consellería de Medio Rural, ayudas por un importe de casi ocho millones de euros, cifra a la que hay que añadir 735.000 euros del Igape. La Xunta concluye que es "lógico" mantener una planta en el norte de España y sostiene que la decisión de Pascual es "una deslocalización que nada tiene que ver con causas justificativas para un ERE".