Fiscalía denuncia a Territorio por prevaricación por aprobar un PAI

La vía penal fue la elegida por la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim, integrada en el colectivo Abusos Urbanísticos No, para denunciar la aprobación del Plan de Actuación Integrada (PAI) Sant Jordi Golf sin que se hubiera garantizado la existencia de recursos hídricos. El visto bueno del programa se realizó con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ahora, la Fiscalía de Castellón ha remitido la denuncia al juzgado ante un hecho "posiblemente tipificable como un delito de prevaricación". La aprobación de planes de actuación integrada ha sido recurrida, hasta ahora, por la vía contencioso-administrativa. De hecho, este PAI está también recurrido en esta vía por la propia Administración central, tal como ha hecho con decenas de programas urbanísticos que no cuentan con la garantía de la existencia del agua necesaria para su desarrollo. Sin embargo, en esta ocasión ha sido un colectivo el que ha recurrido y se ha llevado por la vía penal.

El colectivo Abusos Urbanísticos No denunció la aprobación del PAI

El proyecto prevé un campo de golf y la construcción de 2.200 viviendas

La propuesta de judicialización refleja cómo la asociación presentó la denuncia poco después de que la comisión territorial de Urbanismo diera el visto bueno al programa. El expediente contaba, como en tantas otras ocasiones, con el informe desfavorable de la CHJ, que señaló que el PAI "no respeta la ordenación propuesta del dominio público hidráulico, no deja expedita la zona de servidumbre y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos". Pese a este dictamen, la comisión dio el visto bueno al proyecto ya que, tal como reiteraron ayer fuentes de la Consejería de Territorio, la Generalitat valenciana considera que el informe es preceptivo pero no vinculante.

La denuncia del colectivo Abusos Urbanísticos No se presentó contra los miembros de la comisión territorial de Urbanismo, entre los que se encuentran no solo representantes de la Consejería de Territorio sino también de otros departamentos de la Generalitat, así como algunos colegios profesionales y, en este caso, un representante del Ministerio de Fomento y otro del de Medio Ambiente, que fue el único que presentó un informe negativo.

En su escrito, la Fiscalía señala que, tras la denuncia, solicitó el expediente de aprobación del PAI y los informes de la CHJ. El texto señala que recibió los dictámenes de la confederación pero que "hasta la fecha", Territorio no ha remitido la documentación exigida. Así, propone la judicialización de las actuaciones "por haber transcurrido el plazo máximo de seis meses establecido". "Salvo que se haya justificado suficientemente la aprobación del PAI en virtud de otros criterios razonables y explicitados, lo cierto es que la aprobación del mismo con insuficiencia de recursos hídricos podría dar lugar a un delito de prevaricación", añade. Por su parte, la consejería aseguró que el expediente se remitió, en dos ocasiones, a la Fiscalía. La primera, cuando se les requirió, y la segunda, después de que la propia Fiscalía admitiera que la documentación se había traspapelado.

El PAI Sant Jordi Golf abarca una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados y prevé la construcción la construcción de un campo de golf, algo más de 2.200 viviendas de las que 10% son de protección oficial.