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Tribuna:La firma invitada | Laboratorio de ideas

Relanzar el diálogo social: un asunto de tres

El 29 de julio de 2008, el Gobierno y los agentes sociales firmaron un acuerdo en el que reflejaban la necesidad de avanzar en el diálogo social. Nueve meses después, el número de desempleados se ha doblado y nuestro mercado de trabajo destruye más empleo que ningún otro país del mundo. Mientras tanto, el prometido diálogo social está bloqueado. Y, de hecho, el veto explícito que el Gobierno ha concedido a los agentes sociales sobre cualquier iniciativa en políticas de empleo hace casi seguro que el bloqueo seguirá.

A la hora de buscar estrategias para desbloquear esta situación, pensamos que Holanda proporciona el mejor ejemplo. Durante las últimas tres décadas, Holanda ha experimentado una serie de reformas profundas que han permitido mantener el desempleo más bajo de la Unión Europea (actualmente, el 2,7% frente al 17,4% en España; pese a un aumento del desempleo de 5.000 personas en el último año, que es lo que sube en España en un día) y conseguir una mayor sostenibilidad a medio plazo del Estado del bienestar. La reforma más reciente, en marzo de 2009, introdujo un aumento paulatino de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Pero más allá del contenido de una u otra reforma, lo importante es que la mayor parte de ellas se han llevado a cabo con el acuerdo de los agentes sociales.

El ejemplo holandés ofrece lecciones claras sobre cómo relanzar el diálogo social en España

El Gobierno debería llevar a cabo su propia reforma si los agentes sociales no se ponen de acuerdo

Los secretos de este éxito son dos: el papel activo de los sucesivos Gobiernos holandeses y un marco institucional adecuado.

En Holanda, el diálogo social es un asunto de tres, no un acuerdo bilateral entre agentes sociales con poder de veto. Desde principios de los años ochenta, el Gobierno holandés ha adoptado un doble papel en el diálogo social. En primer lugar, fija la agenda de reformas a considerar. Los agentes sociales son libres de negociarlas, pero se deben alcanzar unos determinados mínimos. Si no es así, el Gobierno se compromete a realizar reformas por su cuenta. Esta amenaza implícita por parte del Gobierno cambia el statu quo y obliga a las partes a tener en cuenta los intereses de los grupos no directamente incluidos en el diálogo social: los desempleados, los jóvenes, los que no están plenamente integrados en el mercado de trabajo. En segundo lugar, el Gobierno ofrece importantes concesiones que permiten que los agentes sociales presenten los acuerdos alcanzados como una victoria. Por ejemplo, en el llamado Acuerdo Flex, de 1996, el Gobierno consiguió que los agentes sociales aceptaran una mayor flexibilidad en los contratos permanentes a cambio de la mejora de la protección legal de los trabajadores con contratos atípicos (temporales y a tiempo parcial). Este acuerdo permitió que la tasa de temporalidad no creciera significativamente en Holanda, a pesar de que la protección de los contratos permanentes es bastante alta. En la última reforma, el Gobierno se comprometió a un aumento importante del gasto público (5.000 millones de euros) a cambio del acuerdo social.

El marco institucional también favorece los acuerdos sociales. Se realizan dos reuniones anuales y un proceso de establecimiento de confianza mutua que permite la negociación a largo plazo. Además, Holanda tiene, más allá de su Consejo Económico y Social (similar al español), una institución clave, no partidista, que evalúa las políticas económicas y valora la situación de forma neutral: la Oficina Nacional de Análisis Económico. Esta institución permite que la evaluación de políticas económicas salga de la arena del enfrentamiento partidista y que se cree un consenso técnico y objetivo sobre los problemas existentes y las posibles soluciones.

Este ejemplo proporciona lecciones claras sobre cómo relanzar el diálogo social en España. La estrategia en este campo del Gobierno español debe cambiar. En lugar de actuar como espectador, debería presentar un catálogo amplio de reformas laborales que repartieran el coste de la crisis entre todos los participantes, ofreciendo soluciones para los que están cargando con el mayor peso, es decir, los desempleados y los empleados temporales. Además, el Gobierno debería anunciar su voluntad política de llevar a cabo estas reformas si los agentes sociales no consiguen un acuerdo. Y el Gobierno debería guardarse las pocas zanahorias fiscales que le quedan al país (el aumento de la cobertura al desempleo, por ejemplo) para ayudar a los agentes sociales a aceptar cambios que pueden ser costosos, en vez de hacer anuncios unilaterales a cambio de nada.

Un posible punto de partida es la propuesta presentada el pasado martes 21 de abril por un grupo de 100 economistas académicos españoles de todas las ideologías (en cuya promoción participamos), que tiene cuatro pilares (ver www.crisis09.es): un contrato laboral único con indemnización por año de antigüedad creciente, un incremento de la protección por desempleo y un cambio de su estructura, la descentralización de la negociación colectiva y la reforma de las políticas activas de empleo. Esta propuesta permitiría acabar con la excesiva dualidad en el mercado laboral entre un centro excesivamente rígido y una periferia excesivamente flexible, en la que ni trabajadores ni empresarios tienen incentivos para invertir, dada la improbabilidad de que el contrato se convierta en indefinido. Este objetivo es compartido por los sindicatos, que en su declaración conjunta de intenciones del 7 marzo de este año señalaban la necesidad de incrementar los mecanismos de "flexibilidad interna" de las empresas y de reducir la precariedad. Por tanto, no parece que un acuerdo a la holandesa que dé más flexibilidad al mercado de trabajo a la vez que incremente la protección de los que están excluidos de los contratos indefinidos sea inviable.

La segunda lección concierne al marco institucional. España necesita instituciones neutrales y creíbles. En los últimos años, la vida política ha sufrido una polarización extrema, hasta el punto de que no existen instituciones que ofrezcan diagnósticos que los ciudadanos reconozcan como meramente técnicos y objetivos. La única excepción es el Banco de España, y esta singularidad obliga al gobernador a desgastar su importantísima credibilidad (necesaria si debe intervenir una caja de ahorros, por ejemplo) entrando en debates de política económica cruciales, pero en los que idealmente otros actores igualmente creíbles deberían (si los hubiera) tomar la iniciativa.

La objeción obvia a nuestra propuesta es que ignoramos las realidades políticas: un Gobierno en minoría, con dificultad para encontrar apoyos parlamentarios para la más mínima reforma, no podrá tocar un tema tan espinoso. Sin embargo, la situación económica, francamente desesperada, en la que está entrando el país requerirá el paso a la acción y dará un margen de maniobra para que el Gobierno encuentre apoyos políticos en el Congreso (idealmente, en la forma de un pacto de Estado con el PP). Es esencial para el país que se lleve a cabo una reforma laboral que contribuya a detener la destrucción de empleo y a dotar de fundamentos más sólidos el mercado de trabajo.

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Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics. Marcel Jansen es profesor de Economía de la Universidad Carlos III.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de mayo de 2009