El Consell hará una reforma exprés de la ley matrimonial

El Consell presentará en las próximas semanas una reforma exprés de la ley valenciana de Régimen Económico Matrimonial y la remitirá a las Cortes Valencianas antes del verano para su aprobación por lectura única -sin posibilidad de presentar enmiendas-.

El Gobierno valenciano cede de esta manera a las pretensiones del Gobierno central, que presentó un recurso de inconstitucionalidad y se negaba a retirar el pleito si antes no se cambiaba el articulado de la ley objeto del conflicto.

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se reunió ayer en Madrid con el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrias, para fijar las condiciones del acuerdo y terminar con el contencioso.

Aunque lo cierto es que las bases del acuerdo para cerrar el conflicto, que tenía en jaque la primera de las leyes de las Cortes que recupera el derecho foral valenciano, ya se habían logrado el pasado mes de enero. Con el citado preacuerdo, el pasado 22 de abril, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentó el fin del contencioso como fruto de su entrevista con el vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, aunque ambos dedicaron muy poco tiempo a hablar de un asunto que ya estaba encarrilado. Ayer, el consejero de Gobernación remató la faena al pactar el calendario con el ministerio. Así, las Cortes cambiarán la ley en los puntos consensuados con el Gobierno y el Ejecutivo central, que intentó sin éxito paralizar la entrada en vigor de la ley, retirará su recurso ante el Tribunal Constitucional.

Con este acuerdo extrajudicial el Consell se compromete a modificar 11 artículos de la ley. Unos cambios que la consejería califica de "técnicos" y que dejan a las claras que la Generalitat tiene competencia para recuperar y legislar sobre el derecho civil valenciano.

En cambio, para el Gobierno las modificaciones que introducirá el Consell muestran que la ley valenciana está supeditada a la legislación básica del Estado y que algunos puntos del articulado sobre plazos y garantías solo contribuían a generar inseguridad jurídica.

En el acuerdo no se alteran las principales figuras recogidas en la ley, que establece por defecto la separación de bienes en los matrimonios, en vez del régimen de gananciales como había sido frecuente hasta ahora.