España registra el segundo mayor deterioro fiscal de la UE

Las arcas públicas españolas han pasado en poco tiempo de la opulencia a la carestía. El superávit del 2,2% del PIB atesorado en 2007 mutó en un déficit del 3,8% el año pasado, un salto sólo superado por Irlanda. Y el horizonte para 2009 es aterrador: la Comisión Europea adjudica a la economía española un desequilibrio del 8,6%, uno de los mayores de la UE. La gran baza de España es que puede recurrir a la deuda, muy reducida en los últimos años, para financiar el déficit galopante. El pasivo crecerá este año, pero sólo hasta suponer la mitad del PIB.

Pese a ese colchón, el Gobierno no podrá volver a permitirse alegrías fiscales como los 400 euros del IRPF o los 2.500 euros por hijo. Más bien al contrario. "Si se quiere reducir el déficit, únicamente cabe aumentar los impuestos o disminuir los gastos", razona Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona. El Gobierno de Zapatero ha adoptado ya la primera decisión que resta holgura al contribuyente. Aunque no se presente con ese fin, la desaparición de la deducción por compra de vivienda a partir de 2011 es, en la práctica, una subida de impuestos. Y probablemente no sea la última.

De momento, el primer recurso es elevar la deuda. Oliver considera que llevarla al 60% del PIB "no es en absoluto un exceso", pero advierte de que el pago de intereses va a aumentar, pues los tipos, ahora en mínimos, tenderán a subir. Una pesada losa que restará margen de actuación en los años venideros.

Más ayudas

Además de pagar la deuda, el Gobierno debe tener en mente otra contingencia: "Si hay que comprar alguna entidad financiera habrá que tener margen", sostiene Hugo Rodríguez, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC. La propia vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha admitido que, tras la intervención de Caja Castilla La Mancha, otras entidades pueden necesitar ayuda. Es decir, dinero.

Más allá de las obligaciones ordinarias, como el gasto por desempleo, y de las sobrevenidas, como una eventual intervención bancaria, el Gobierno debe elegir muy bien a qué destina el dinero en tiempos de escasez. Rodríguez atribuye al Ejecutivo una visión "muy miope" al intentar revitalizar la construcción con los proyectos urbanísticos que se han acometido. "Supone hipotecar el medio y largo plazo para salvar el corto", argumenta. En su lugar, aboga por orientar los esfuerzos hacia actividades de mayor productividad.