Cospedal abre un nuevo fuego en CCM

De nuevo, la pelea en torno a Caja Castilla La Mancha (CCM) está que arde. Una carta de la secretaria general del PP y presidenta de dicho partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, enviada a los empleados de la caja ha encendido los ánimos de socialistas, sindicatos y directivos. "Tanto por las mentiras e insidias vertidas como por lo difícil que resulta a veces en nuestra región que el mensaje del PP no sea manipulado por los medios oficiales me dirijo a ti", ataca la dirigente popular, que se pone el ropaje de ciudadana manchega sin renunciar a hacer política desde su condición de dirigente del principal partido de la oposición.

Tras destacar a la caja como la "mayor empresa de la región" y de alabar la labor de los empleados con la entidad "a la que dais vida", Cospedal transmite una serie de compromisos: contribuir a reflotar y mantener CCM con una realidad de presente y futuro en Castilla-La Mancha; reivindicar la permanencia de la sede, así como la obra social y cultural, en la región, y defender los puestos de trabajo. Asimismo, asegura que será firme a la hora de exigir las responsabilidades económicas y políticas al Gobierno regional por las tareas de vigilancia, control e inspección "que le son competencia", en virtud de la ley de cajas regional.

La carta, que ha tenido trascendencia al conocerse la virulenta respuesta de los sindicatos, se ha repartido principalmente en los lugares de trabajo. Según fuentes populares, responde a que "no se conocía bien en la región y entre los empleados la postura del PP sobre la situación de la caja por el control de los medios de comunicación".

El asunto ha provocado fuerte malestar entre los socialistas, mientras los representantes sindicales, en su respuesta, lanzan dardos envenenados a Cospedal. En foros manchegos se liga al PP al delegado del sindicato independiente CSIF, José Manzanero, habiendo aparecido la noche del jueves en la pegada de carteles electorales. El enconamiento político aparece en el sector de cajas por su propia idiosincrasia en el reparto de poder.

Seguramente, Cospedal ha conseguido la repercusión que quería en la etapa preelectoral con esta carta, por lo que le ha importado poco recibir disparos de los representantes de los trabajadores en una carta de UGT y un comunicado de CC OO. Su ataque forma parte del atrezo ante las elecciones europeas y ella sabe que hay que mantener viva la llama para rentabilizar al máximo la intervención de la caja por parte del Banco de España.

El representante de UGT Carlos Jiménez Morante, que además de miembro del Consejo de Administración destituido es empleado de la oficina principal de Talavera de la Reina -por tanto, uno de los destinatarios de la carta del PP-, le sugiere que, a la vista de que la dirigente no dice cómo va a cumplir sus compromisos, "todos los miembros de la dirección regional, provincial y local de tu partido tuvieran una cuenta en CCM con un saldo medio significativo, que todas las agrupaciones del PP tuvieran parte de sus depósitos en la caja y sobre todo que se deje de utilizar la caja como elemento de confrontación política". Según el dirigente sindical, de esa forma se recuperarían los fondos que por valor superior a 1.000 millones de euros salieron de la entidad tras la orden de Cospedal del 16 de febrero de abandonar los cargos en órganos de la entidad.

CC OO se muestra incrédula ante esos compromisos "cuando se ha sido un agente activo en el desgaste reputacional de la entidad y se ha permitido, cuando no alentado, la retirada sistemática de depósitos" y no se entiende que pudiendo utilizar los órganos de gobierno de la caja obliga a dimitir. También se opone a que se utilice como arma de enfrentamiento y subraya que menosprecia a la mayoría de empleados. De paso, le abre otro frente de calado al citarle que cuestiona la labor supervisora del Banco de España.

Comisiones aprovecha para meter el dedo en el ojo al anterior presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, al que culpa de la situación de la caja por "su exceso de ambición" y por "el menosprecio del valor del trabajo y del riesgo" a los anteriores gestores, que espera que sean destituidos, expedientados y sancionados.