Sonrojo en Westminster

Es poco probable que el escándalo de los gastos de los diputados británicos a costa del contribuyente afecte decisivamente a la intención de voto de los ciudadanos, pero es seguro que ha asestado un golpe formidable a la reputación de un Parlamento considerado modélico en el exterior y honorable más allá de toda duda en el interior. La insólita dimisión de su presidente, primera en más de tres siglos, con ser imprescindible por la incompetencia del laborista Michael Martin en el manejo del asunto y sus intentos para ocultar los abusos, no va a ser el fin de la historia.

El primer ministro Gordon Brown intentó salir ayer al paso del desastre anunciando un acuerdo interpartidista para la reforma del sistema, pero Westminster y los partidos en su conjunto, y eso es lo grave, han perdido la confianza pública. Las noticias que el diario conservador Daily Telegraph viene publicando son motivo no sólo para desguazar los actuales mecanismos de control -que ni laboristas ni conservadores han tenido el menor interés en cambiar-, sino probablemente para iniciar por fin una reforma que acabe con los profundos anacronismos del sistema democrático más afianzado del mundo. Si en ese sistema donde los Lores todavía no son plenamente elegidos o sólo dos partidos tienen monolíticamente el control del poder, los Comunes pueden diseñar un tinglado de inaceptables gabelas para que los ciudadanos corran con los gastos particulares de sus representantes, vulgares o extravagantes, es que algo serio no funciona.

Las corruptelas afectan a todos los partidos y a diputados de toda edad y condición. Pero la losa del desprestigio de un pilar básico de la democracia cae más pesadamente sobre el laborismo gobernante, a cuyo frente el desacreditado premier recoge la ira creciente de unos ciudadanos que, en medio del despilfarro, hacen equilibrios para llegar a final de mes. Brown ha rechazado adelantar unas elecciones, como le pide la oposición conservadora, que presumiblemente perdería por goleada. Los diputados británicos no están bien pagados, ni puede considerárseles corruptos para los estándares de otros países, europeos incluidos. Pero muchos han cometido el error de considerar sus injustificables gastos consentidos como un complemento salarial de libre disposición. Y pocas cosas se toleran peor en una democracia que la sensación de que hay unas reglas para los que mandan y otras para los demás.