La Audiencia dicta si hubo engaño o sólo errores en el Yak-42

Cinco años, once meses y 23 días han esperado las familias de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 para obtener justicia. La tendrán hoy, cuando la Audiencia Nacional haga pública la sentencia sobre la falsa identificación de 30 de los cadáveres. Pero no es probable que les deje satisfechos. La causa se ha ido deshilachando en su tortuoso periplo judicial y ha dejado demasiados cabos sueltos. Aunque no habrá lectura pública, algunos de los parientes de las víctimas acudirán a la sede del tribunal para conocer de primera mano el fallo.

Los primeros en recibir la noticia serán los representantes de los tres acusados: el general de división Vicente Navarro Ruiz, el comandante José Ramírez García y el capitán Miguel Sáez García. Todos ellos, sanitarios.

Navarro pagará con cárcel si hubo dolo y con multa si se trató de imprudencia

Ha pasado casi un mes desde que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, pronunció el visto para sentencia de un juicio que se abrió el 24 de marzo con la negativa a citar como testigos al ex ministro de Defensa Federico Trillo o al ex presidente Aznar. No fue la última vez. Repetidamente se rechazó la comparecencia de cualquier responsable político. Sí lo hicieron numerosos mandos militares, desde el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz hasta el ex jefe del Ejército Luis Alejandre.

Los testimonios más relevantes fueron, sin embargo, los de dos forenses turcos que se presentaron sin haber sido citados. Explicaron que Navarro y los otros militares españoles eran conscientes de que se llevaban 30 cadáveres sin identificar y se negaron a hacer pruebas de ADN, como les recomendaron, porque tenían prisa para llegar al funeral previsto en Madrid.

Según fuentes jurídicas, el tribunal se ha reunido media decena de veces para deliberar. No tanto sobre los hechos, que no admiten discusión (ha quedado probado que las 30 identidades adjudicadas por Navarro eran falsas), sino sobre su tipificación.

Si hubo un delito de falsedad de documento público, como sostienen las acusaciones, éste pudo ser doloso -es decir, intencionado- o imprudente. En el primer caso, la pena va de tres a seis años de cárcel (se impondría la parte superior de la horquilla si hay delito continuado). En el segundo, de seis a doce meses de multa (un máximo de 36.000 euros). La multa podría ser más reducida si se calificaran los hechos como falsificación de certificado. Y se podría exonerar a los dos subordinados de Navarro si se considera que su actuación no fue relevante.

Pero la idea de el que caso Yak fue fruto de una imprudencia tropieza con el cúmulo de falsedades que urdió Defensa desde el día del accidente, el 26 de mayo de 2003, hasta el 2 de marzo de marzo de 2004, en vísperas de las elecciones que desalojaron al PP del poder. Ese día, el número dos de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, escribió a las familias de las víctimas para tachar de "campaña sensacionalista y cruel" las noticias sobre los errores en las identificaciones y elogiar la profesionalidad de Navarro. Un rigor que ni siquiera él defendió en el juicio. "Me pudieron bailar los números", admitió.