La investigación por tráfico de influencias aún no ha concluido

La primera denuncia por la que se empezó a investigar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, la presentó el empresario Vicente Vilar, en otros tiempos amigo suyo, quien le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según Vilar, Fabra medió, durante el Gobierno de José María Aznar, ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Ocurrió en diciembre de 2003 y, según Vilar, el "pago" por estos favores se realizó a través de una asesoría de Fabra, a la que facturaba por la supuesta realización de informes de prevención de riesgos laborales. El empresario presentó también ante el juez facturas de joyerías de supuestos regalos al presidente de la Diputación.

Durante la investigación, el empresario aportó decenas de documentos de cargos del PP en los que se interesaban por el estado de los productos fitosanitarios para los que Vilar había pedido autorización. Y la titular del Juzgado número 1 de Nules le llamó a declarar como imputado por varios presuntos delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y las negociaciones prohibidas. Fabra lo negó todo, pese a que su entonces esposa, María Amparo Fernández, se había asociado con la de Vilar, Montserrat Vives, en una firma dedicada a la fabricación de plaguicidas y herbicidas

Fraude fiscal

Pese a que los supuestos favores políticos estaban encaminados a autorizar los productos que, según se ha sabido, contaban con análisis e informes falsificados, la Audiencia de Castellón decidió el pasado mes de marzo que se trataba de temas diferentes y rechazó acumular las causas, revocando así la decisión del propio juzgado de unir ambas investigaciones.

Pero, además, Fabra se enfrenta a otra acusación. En 2005, en medio de la investigación por cohecho, la Agencia Tributaria presentó una denuncia de fraude fiscal por el impago de cuotas en 1999. La inspección fiscal señaló que no existía una correspondencia "entre su incremento patrimonial y su capacidad económica declarada, siendo injustificable esa discrepancia". Ante la presencia de numerosos ingresos en efectivo, la fiscalía reclamó investigar las cuentas y el patrimonio, tanto suyo como de su familia. La confección del informe se aprobó en 2007 pero aún no se ha concluido.

Fabra tuvo la posibilidad de aclarar ante la juez las acusaciones de la Agencia Tributaria. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar y nunca ha solicitado acudir al juzgado para explicar su versión.