Hernández paraliza el plan viario Vigo Íntegra

Vigo Integra es ya papel mojado. El plan viario del anterior Gobierno bipartito, que preveía una inversión de 2.000 millones de euros para actuaciones en infraestructuras en Vigo y su área de influencia, va a ser sometido a una "profunda revisión", según anunció ayer en el Parlamento la directora general de Infraestructuras, Isabel Vila. La consellería que dirige Agustín Hernández asume así una reivindicación constante del PP en la oposición.

El plan, que ya había sido sometido a información pública y se hallaba en fase de alegaciones, preveía 70 actuaciones sobre 350 kilómetros de vías. La más polémica de ellas es el carril-bici entre Vigo y Nigrán, al que se oponen los vecinos que iban a ser expropiados. El PP se comprometió en la campaña electoral a revisar el proyecto. El documento de la ex conselleira María José Caride también contemplan la ampliación del puente de Rande y de los tramos de la AP-9 a su paso por Santiago y A Coruña.

Isabel Vila informó en el Parlamento de la revisión del plan, que obligará a exponerlo nuevamente al público, en respuesta a una pregunta del Grupo Popular. La directora general dejó las críticas al proyecto al diputado del PP Alejandro Gómez, y se limitó a precisar que el plan carece de informe del Ministerio de Fomento y que la Xunta buscará "el consenso de las partes". Vila añadió que la consellería "preservará" las actuaciones menos polémicas, aunque no pudo precisar todavía si elaborará "un nuevo plan" o aportará "documentación complementaria". Respecto a la ampliación de Rande, señaló que la concesionaria "rechaza financiar" las obras.

Núcleos del litoral

En la misma comisión, la directora general anunció que reclamará a Fomento que cambie el trazado elegido de la futura A-57 entre Redondela y Peinador para enlazar con Vigo. Ese tramo, que ya salió a información pública, cuenta con la oposición de los vecinos de la zona.

La comisión parlamentaria, por otra parte, aprobó una proposición no de ley del BNG, pactada con los demás grupos, en la que se solicita al Gobierno que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el artículo de la Ley de Vivienda que trata de legalizar los núcleos rurales costeros de Marín. La iniciativa reclama la modificación de la Ley de Costas para incrementar las competencias de Galicia.