El PP busca corrupción en el PSOE valenciano para tapar el escándalo

La imputación del presidente valenciano, Francisco Camps (PP), por un supuesto delito de cohecho ha liberado a los socialistas valencianos, principal partido de la oposición en esa comunidad autónoma, del tono contenido y prudente que habían adoptado desde que estalló el caso Gürtel.

Ahora, tras conocerse la citación judicial, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha pasado a la ofensiva. El jueves comparecía, horas después de hacerse pública la providencia del Tribunal Superior de Justicia, exigiendo la dimisión de Camps. Unas semanas antes lo había avanzado: "Los socialistas iremos unos pasos por detrás de las decisiones de los jueces". El entorno de Alarte ha dejado recaer el peso de una oposición con más mordiente en el portavoz parlamentario, Ángel Luna.

Los populares valencianos siguieron ayer con la campaña de apoyo al presidente de la Generalitat en tono superlativo -él sólo incluyó en su agenda institucional un acto en el que, como viene siendo habitual, no se aceptaron preguntas-. El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, preguntado por si acompañará a Camps a declarar ante el juez, respondió: "Si el juez me dejara lo acompañaría hasta dentro; y el resto de miembros del Gobierno, también".

La unanimidad no es tal. Dirigentes del PP, como el presidente del partido en Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, afirmó que "Camps siempre tomará las decisiones que sean mejores para el partido". Aunque no aclaró si ello significa dimitir.

La estrategia de ensalzar la figura de Camps puesta en marcha por el PP valenciano estuvo acompañada de una segunda fase basada en acusar a los socialistas de orquestar "una campaña difamatoria llena de insidias" y tramar "un montaje seudopolítico" para intentar ganar en las próximas elecciones europeas. Unas elecciones que, según el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, serán "el comienzo del funeral político de Zapatero y la mortaja de Alarte", informa Jaime Prats.

La situación no es nueva. Desde que saltó el caso de los trajes, los populares han iniciado una auténtica ofensiva en los principales ayuntamientos socialistas. En Alaquàs, ayuntamiento gobernado por Jorge Alarte, el PSPV denunciaba hace poco que, desde que estalló el caso Gürtel, "el PP ha pasado de 30 preguntas anuales a 250 en un mes". El propio secretario general de los socialistas valencianos, cansado del hostigamiento, aireó ante los micrófonos y las cámaras de televisión que el PP tenía en su sede un panel con fotos y datos de él y de su familia, para investigarlos. "Creen que, si hay 20 o 30 imputados de diferentes partidos, los trajes de Camps y, en general, el caso Gürtel parecerá una tontería", sostienen en el PSPV.

Simultáneamente, desde el PP se insistió ayer en denunciar supuestas actuaciones irregulares, con base o sin ella, del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y del alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler. Sólo en este caso el PP tiene una base sólida: el regidor socialista está imputado por un juez por malversación y prevaricación por pagar con fondos municipales facturas del partido.

El argumentario defensivo de los populares cuenta con la colaboración de un potente altavoz: Canal 9, la televisión pública valenciana. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) obvió la condición de imputado de Camps y su número dos, Ricardo Costa. La noticia de la citación judicial del presidente -sin decir que está imputado- se dio en mitad del informativo vespertino, dentro de un bloque de noticias breves y antes de otro relacionado con la ley del aborto. A las pocas horas, los sindicatos, la Unió de Periodistes Valencians, el partido socialista y el grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià denunciaban la censura y pedían la dimisión del director general del ente. Ayer, Esquerra Unida informó de que el Canal 24 horas, de RTVV, ni siquiera dio la noticia.

El mismo canal ha ocultado que el director general de RTVV, Pedro García, figura entre las personas que supuestamente recibieron trajes de Milano y Forever Young pagados por las empresas de la trama corrupta, según la documentación que consta en el sumario de la Operación Gürtel. Pedro García es, además, amigo personal del Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, una de las empresas de la trama.