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AENA reclama a Iberia 7,3 millones por la invasión de El Prat en 2006

Cada viajero cobró 250 euros por vuelo cancelado y 180 por equipaje perdido

El ente público empresarial AENA reclama a la compañía Iberia 7,3 millones de euros por los perjuicios de todo tipo causados por la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat ocurrida el 28 de julio de 2006, durante la huelga de trabajadores de esa compañía. AENA formula esta reclamación en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de El Prat, que está a punto de cerrar la investigación del caso antes de remitirlo a la Audiencia de Barcelona para celebrar el juicio.

En este proceso ejercen la acusación la Abogacía del Estado, Fomento del Trabajo Nacional y AENA, el organismo encargado de gestionar y mantener los aeropuertos. Todos solicitan para los acusados las mismas penas que la fiscalía: tres años de cárcel para cada uno de los 25 huelguistas, y cuatro años para Omar Minguillón y José Luis Gallardo, dirigentes de la Federación de Transportes de la UGT de Cataluña y considerados líderes de la protesta.

La defensa opina que no hay delito y califica la petición de "obscena"

Ni la Abogacía del Estado ni el fiscal reclaman a Iberia responsabilidad civil por los hechos, mientras que Fomento la cuantificó inicialmente en tres millones de euros y finalmente ha decidido reservarse esta acción ante la petición del juzgado para que justificara esa cantidad. En un primer momento, Iberia compareció en el proceso como acusación particular, pero no llegó a formular escrito contra sus empleados y dejó transcurrir el plazo legal.

La reclamación de AENA de 7,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil se formula directamente contra los trabajadores en caso de que hubiera condena, pero ante la más que previsible insolvencia de los acusados, se plantea que Iberia responda subsidiariamente por ellos, como trabajadores de la compañía.

En concreto, AENA reclama a Iberia 7.363.592 euros. De ellos, 4.265.420 corresponden a indemnizaciones abonadas a los viajeros perjudicados. El aeropuerto fue cerrado, los vuelos fueron interrumpidos durante más de 24 horas y centenares de miles de pasajeros sufrieron retrasos. Cinco semanas después, el Ministerio de Fomento, del que depende AENA, dictó una resolución anunciando que abonaría a cada pasajero 250 euros por vuelo cancelado y 180 por pérdida o destrucción del equipaje facturado, siempre que se hubiera presentado reclamación.

El escrito de acusación de AENA presentado en el juzgado también incorpora facturas por importe de 1.117.288 euros por la asesoría legal y otros 1.606.096 facturados por la empresa de comunicación Bassat, empleada en publicitar las medidas adoptadas por Fomento para indemnizar a los perjudicados. El resto de la indemnización que se reclama son 352.984 euros por los gastos de manutención y atenciones a los viajeros y 21.802 por la limpieza de las instalaciones.

Pau Núñez, abogado defensor de la mayoría de los acusados, asegura: "la millonada que pide AENA nos parece intrascendente porque no se cometió ningún delito". Con todo, califica la petición de "absolutamente obscena", tomando como referencia dos ejemplos. "AENA gastó 2,7 millones de euros en asesoría legal y publicidad para que los usuarios pudieran cobrar 4,2 millones, cuando eso se podría haber solucionado con una página web, y es doblemente obsceno porque la cantidad es muy similar, por ejemplo, a la que estos días ha reclama la ONU al Estado de Israel por la destrucción de sus instalaciones durante el bombardeo de Gaza de enero".

El fiscal acusa a los huelguistas por los artículos 20 y 21, engoblados en el capítulo de la sedición, de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, que sigue vigente. Al ser una ley preconstitucional podría no ser aplicada por el tribunal que juzgue el caso. Por eso, de manera alternativa la fiscalía acusa a los 27 huelguistas de desórdenes públicos y solicita sendas penas de dos años y medio de cárcel para cada uno. En el proceso llegó a haber 220 imputados, a los que el juzgado ha ido exculpando al no poderse probar su participación en la invasión de las pistas.

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