El PP en su laberinto

El cerco judicial en torno a la trama de corrupción que afecta al Partido Popular de Madrid y Valencia sigue cerrándose. Tras la declaración del presunto cabecilla, Francisco Correa, el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que preside Esperanza Aguirre imputó a los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. El magistrado impuso a López Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Aguirre, además, la fianza de 750.000 euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en previsión de una posible condena por sobornos. En el caso de Martín Vasco, la fianza alcanza casi el millón de euros.

Pese a que las medidas judiciales adoptadas demuestran que el Tribunal Superior ha estimado que los indicios son suficientes para continuar la investigación, los tres imputados siguen negándose a asumir responsabilidades políticas, aunque han solicitado voluntariamente su baja como militantes, aceptada por su partido. De esta forma, el PP se coloca en una situación contradictoria: considera que los hechos por los que la justicia de Madrid ha imputado a sus tres diputados autonómicos los descalifican para pertenecer al partido, pero no para representar a los ciudadanos en el Parlamento. La única explicación de este contrasentido es la voluntad del PP de utilizar la inmunidad como parapeto frente a la actuación de la justicia.

Lo quiera o no, el PP está cebando la bomba política que puede acabar explotándole en las manos: si se sustancia una condena, deberá explicar por qué ha protegido a los tres imputados. En concreto, por qué intenta mantener la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Éste, por otra parte, realizó el pasado viernes una interpretación muy amplia de la tutela judicial efectiva para permitir que el PP se personara en la causa. Mientras se instruyó en la Audiencia Nacional, el juez Garzón mantuvo el criterio contrario, con el respaldo del Tribunal Supremo. Ahora el PP gozará de la doble y extraña condición de acusador presuntamente perjudicado y de acusado causante del perjuicio, en la medida en que los principales acusados son cargos, dirigentes y afiliados al partido.

En Valencia, por su parte, la acción de la justicia marcha con lentitud, preocupada sobre todo por investigar las filtraciones de los sumarios. Pero a la vez se van conociendo nuevos datos sobre las relaciones del Gobierno autonómico y de su presidente, Francisco Camps, con la trama de Correa. La oposición en el parlamento valenciano ha remitido al juez Garzón, que debió inhibirse a favor de los Tribunales Superiores de ambas comunidades, un listado de adjudicaciones sin concurso público que beneficiaron a las empresas de Álvaro Pérez, hombre de confianza de Correa e imputado junto a él. La fragmentación de las adjudicaciones para sortear el concurso público ya fue denunciada en la consejería de Gobernación de la Generalitat valenciana, dirigida por Serafín Castellano. Los nuevos datos remitidos a Garzón muestran que, además, se ha utilizado para financiar actividades que dependen directamente de Camps y que han beneficiado a personas procesadas en el caso Gürtel.

Ahora el PP ya no tiene chivo expiatorio alguno sobre el que proyectar las responsabilidades por la conducta de sus militantes y dirigentes sospechosos. No hay caso Garzón ni caso Bermejo. Pero las expectativas electorales en los próximos comicios europeos podrían estar resucitando el argumento de que una eventual victoria del PP en las urnas equivale a un sobreseimiento de los casos de corrupción. La realidad es la contraria: la justicia seguirá cerrando el cerco y el PP quedará en entredicho. Sobre todo si el tesorero nacional, Bárcenas, y el presidente Camps deben comparecer ante los tribunales.