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Tribuna:Laboratorio de ideas

Paro y reforma laboral

La destrucción de empleo y el consiguiente aumento del paro se han convertido en los indicadores más importantes y claros de la dureza de la crisis económica. Ya nadie niega su intensidad, pero sí se discute sobre la cuantía y la significación de muchos de los conceptos utilizados al calificar el mercado laboral, de manera que se llega a conclusiones divergentes sobre las recetas a aplicar en una adecuada política para activar el empleo en el medio plazo. También se discute sobre la calidad del mercado laboral y la necesidad o no de reformarlo. Intentaré aclarar algunos de los conceptos y datos que se manejan en la discusión.

En primer lugar, respecto a las cifras. Disponemos de dos fuentes de información diferentes: Los datos del registro de empleo y de paro proporcionados por el INEM, que recogen información de las personas que se inscriben en él y los datos de la encuesta de población activa (EPA) elaborada por el INE, y que son el resultado de un trabajo estadístico realizado por muestreo de toda la población residente en España. Naturalmente, las cifras no coinciden ni pueden hacerlo, al tratarse de dos metodologías diferentes. Veamos lo ocurrido durante el último año. El número de parados en el registro se conoce mensualmente, y el último dato del mes de abril ha sido de 3.644.880 personas, con un aumento en un año de 1,3 millones de parados. Según la EPA, en el primer trimestre del año el número de parados ha sido de 4.010.700 personas, con un aumento en los últimos cuatro trimestres de 1,8 millones. Las dos cifras reflejan el dramatismo del problema, y sus diferencias pueden explicarse técnicamente, aunque, por su complejidad, no es el objetivo de este artículo.

El mercado laboral es dualmente flexible. Lo es en contratos temporales y no lo es el trabajo indefinido

Es importante aclarar que este aumento del paro tiene dos componentes. Uno es el aumento de la población activa, es decir, las personas que pueden y quisieran trabajar. Según la EPA, en el año aumentó en 545.000 personas, lo que se explica por diferentes motivos: entrada neta de inmigrantes en busca de trabajo, mujeres y jóvenes que se incorporan a la búsqueda de trabajo, etcétera. El otro componente del aumento del paro es la destrucción de puestos de trabajo, que en el último año ha alcanzado la cifra de 1,3 millones. La pregunta más común es, aceptando que la crisis es global, por qué en España se destruye empleo más intensamente que en otros países de nuestro entorno. Y la pregunta del millón es cómo puede evitarse y qué habría que corregir en el medio plazo.

Como siempre, las respuestas no son sencillas, pero quizá podamos aclarar algo analizando las características de esta destrucción de empleo antes de sacar conclusiones erróneas sobre la naturaleza del fenómeno. Se dice que uno de los motivos de tan intensa pérdida de empleos es el peso excesivo de la construcción en la producción española de este último periodo. Y es cierto en parte, ya que la EPA señala una pérdida de 692.000 empleos en el sector, a los que habrá que añadir la pérdida de empleos indirectos en industrias auxiliares. De esto no tenemos información detallada, pero en el conjunto de la industria se ha perdido 413.000 empleos. La pérdida de empleos en los servicios es más moderada (180.000), a pesar de su mayor peso en el PIB (60 %) y debido al empleo en las Administraciones Públicas.

Pero hay otro aspecto que es importante resaltar. Se discute sobre si el mercado laboral español es flexible o no. En mi opinión, es flexible, pero dualmente flexible. Lo es en el mercado de los contratos temporales y no lo es en el mercado de los trabajos indefinidos. En los datos de la EPA por tipo de contrato se observa claramente dónde se concentra la pérdida de empleos. En los contratos temporales se han perdido un millón de puestos de trabajo, complementados por 334.000 en los trabajadores autónomos. Por el contrario, en los asalariados con contrato indefinido ha habido un aumento neto de 74.000 empleos. Está claro que la flexibilidad está en los temporales y los autónomos, y no en los contratos indefinidos, que están muy protegidos.

Son dos mundos laborales diferentes y también lo son en lo referente al coste del despido. La terminación de los contratos temporales apenas tiene coste, cuando se acaba el contrato se acaba la relación, y no hay indemnización, a no ser que los tribunales decidan que ha habido algún tipo de ilegalidad. Cuando se habla del elevado coste del despido en España en comparación con el de otros países y de la falta de flexibilidad que esto comporta, las instituciones y analistas nos referimos únicamente a los contratos indefinidos, que no es donde se están perdiendo empleos.

Entrando ya en la discusión respecto a la calidad del mercado laboral y la conveniencia de abordar o no una reforma laboral, conviene aclarar que además de ser necesario que se discuta en el contexto del diálogo social, siempre tendría que referirse a las actuaciones futuras, tanto en materia de contrataciones como de negociación colectiva. De momento, las centrales sindicales se oponen y el Gobierno no parece estar dispuesto. Pero quizá deberían pensar en los parados actuales y en el modo de facilitar y abaratar las contrataciones futuras para corregir las injusticias actuales y permitir una futura contratación más equilibrada y eficaz. No olvidemos que la contratación temporal impide una buena formación continua de los trabajadores, rebajando así su productividad.

Se ha dicho que un abaratamiento del coste del despido facilitaría una mayor destrucción de empleo. Pero esto es incorrecto si la reforma no afecta a los contratos indefinidos existentes, y se está hablando de generar un nuevo tipo de contrato que sustituya muchos de los contratos temporales actuales que en realidad van destinados a tareas continuas, y se reservaría este tipo de contratación para casos que realmente se ajusten a una necesidad temporal. Hay muchas posibles fórmulas para corregir los defectos actuales del mercado laboral, pero para ello lo primero es sentarse a negociar.

Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de mayo de 2009