El 'superdelegado' de Ourense será investigado por estafa y malversación

El superdelegado de la Xunta en la provincia de Ourense, Rogelio Martínez, será investigado por los supuestos delitos de malversación, estafa y falsedad en documento público. La Audiencia Provincial ha reabierto el proceso judicial derivado de una denuncia presentada por el grupo local del BNG de Arnoia contra Martínez por la gestión de fondos comunitarios.

Martínez, alcalde de Arnoia durante los últimos 30 años (hasta este lunes en que tomó posesión como delegado de la Xunta), fue denunciado por haber certificado supuestamente subvenciones, como presidente del grupo de acción local Ceivam, de fondos comunitarios del plan Leader para "la construcción de instalaciones que ya existían". Según la denuncia, el entonces alcalde de Arnoia certificó el final de algunas obras que "no se ejecutaron".

El grupo local del BNG demandó a Martínez en septiembre de 2006 y se inició un proceso, paralizado en 2008 por el juzgado de Ribadavia a petición del abogado del delegado de la Xunta y del fiscal, que esgrimían la prescripción del delito. Alegaban que desde 1999, fecha de la solicitud de la subvención, hasta que se registró la denuncia pasaron más de cinco años, plazo que marca la ley.

Los demandantes recurrieron el sobreseimiento del caso y argumentaron que los hechos denunciados no se produjeron al pedir la ayuda a la UE, sino al certificar, en septiembre de 2001, el final de unas obras "que no se realizaron, pero sí se cobraron".La Audiencia de Ourense admitió en enero su recurso y ha ordenado al juzgado de Ribadavia que reabra la investigación. Según la documentación aportada por el BNG de Arnoia en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) en la que Rogelio Martínez, en su condición de alcalde, era socio mayoritario, pidió una subvención para construir una planta de biomasa. Dos meses después, Martínez adquirió la "cesión de uso" de unos terrenos municipales propiedad de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo por 1,2 millones de pesetas.

En el documento firmado por las dos partes (ayuntamiento y propietarios) constan como instalaciones existentes en el momento de la compra "un vallado de postes de cemento y alambrada y una edificación". El proyecto se presentó al programa comunitario antes de que fueran adquiridos los terrenos y quien hizo la solicitud en nombre de Actuar, SL era socio de Martínez y concejal de su gobierno. Según la denuncia, en noviembre de 2001 el actual superdelegado certificó, como presidente de Ceivam, el fin de obra por 13 millones de pesetas. En el documento justificaba la construcción de la nave y del vallado en "que ya existían antes de la compra del uso de los terrenos".

El auto de la Audiencia orensana ordena la reapertura de las diligencias necesarias para "determinar y depurar quiénes participaron en los actos falsarios que se imputan y con qué carácter público o particular medió la necesaria intervención y en especial la que pueda atribuirse a los miembros del grupo de acción local Ceivam" que presidía Martínez.

Junto a la denuncia por la planta de biomasa, el BNG de Arnoia presentó en el juzgado documentación relativa a otros supuestos fraudes del ex regidor en la gestión de fondos comunitarios, entre ellos, el relativo a la creación de cinco talleres artesanales presupuestados en más de 600.000 euros. En la demanda figura la certificación firmada en noviembre de 2001 por Rogelio Martínez como presidente de Ceivam en la que acredita que "tras la comprobación de la ejecución de las obras" el gasto "ha sido efectivamente realizado". Sin embargo, el BNG de Arnoia sostiene que en esa fecha "no se había realizado la urbanización de los talleres, no había sistemas de seguridad y faltaba alguna maquinaria necesaria para que pudieran funcionar".

Rogelio Martínez sostiene que la demanda "es claramente política; de hecho la presentaron en periodo electoral" y advierte que su defensa ha presentado informes periciales que avalan su "buena gestión" con los fondos comunitarios. Reconoce que existía el inmueble y la valla de la planta de biomasa antes de pedir la subvención pero alega que se hicieron "obras dentro". "Aún en el peor de los casos, si se demostrara que hubo alguna certificación incorrecta, quien tendría que devolver el dinero a la Unión Europea sería el grupo de acción local, que era una sociedad mixta, y no yo, que sólo firmé el traspaso de gastos a la vista de los informes favorables del ingeniero y del gerente", sostiene. El grupo del BNG de Arnoia ha incluido también a estos dos en la demanda.