El dueño de un prostíbulo pagó la fianza de un teniente coronel

El supuesto propietario de un club de alterne pagó la fianza de 12.000 euros que la juez de Martorell (Barcelona) impuso en febrero al teniente coronel Alfonso López Rubio, acusado de formar parte presuntamente de una red de corrupción, según fuentes de la investigación. López Rubio, jefe de la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Cataluña, fue interrogado en relación con un delito de asociación ilícita para delinquir vinculado con el narcotráfico por dar cobertura y amparo a casos de corrupción protagonizados por guardias civiles.

El sumario, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, intenta aclarar la implicación de una banda de delincuentes y guardias corruptos en el robo de 400 kilos de cocaína que estaban en 2005 en un contenedor del puerto de Barcelona, sometido a vigilancia tras la alerta de la DEA.

El 14 de febrero pasado, el teniente coronel prestó declaración ante la juez, que decretó su ingreso en prisión, eludible bajo una fianza de 12.000 euros. En pocas horas, una persona depositó ese dinero, lo que evitó que López Rubio ingresara en prisión. Ahora se ha sabido que quien abonó esta cantidad fue Balbino García Caurel, que figura en diversas investigaciones como presunto propietario del club L'Estel de Bellvei del Penedés (Tarragona). Este local fue uno de los tres donde los Mossos d'Esquadra realizaron hace unos días una importante redada contra una red albanesa de explotación sexual de mujeres.

Guardias corruptos

Por otra parte, ayer prestó declaración en el Juzgado de Martorell el general en la reserva Manuel Fuentes Cabrera, ex jefe de la Zona de la Guardia Civil en Cataluña, llamado a instancias de la defensa de López Rubio para que dijera si tuvo conocimiento de un informe que éste habría confeccionado en 1999 junto con dos guardias -uno de ellos imputado- en el que daba cuenta de la existencia de una red de guardias civiles corruptos.

Fuentes Cabrera, entonces coronel e inmediato superior de López Rubio, se lo entregó al general de la Zona, quien constató que el informe tenía poca credibilidad y que, además, la mayoría de los agentes mencionados ya no estaba en activo. No obstante, el general envió el documento a la Dirección General de la Guardia Civil para que siguiera investigando.

El abogado del teniente coronel aportó al juzgado copias informáticas de parte del informe y otros dos realizados por él y otros subordinados rotulados con el sello de "secreto". Por ello, la Fiscalía Anticorrupción estudia si López Rubio y un guardia pudieran haber incurrido en infidelidad en la custodia de documentos que no pueden ser divulgados.